IMPUNIDAD

COLOMBIA

 

LLAMADO URGENTE POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA

Grave situación en el departamento del Cauca. Niños son víctimas de conflicto Armado. / Diversos territorios en Colombia enfrentan sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos y cobardes asesinatos en medio de un fuego cruzado.

Organizaciones de todo el continente del Abya Yala hacen un urgente llamado a la comunidad internacional de Derechos Humanos y al mundo democrático, a actuar activamente para frenar masacres y violencia estructural.

Quienes suscribimos, organizaciones de Pueblos Indígenas del continente; Medios de comunicación social de los Pueblos, comunicadores indígenas, defensores de Derechos Humanos, nos pronunciamos ante los crímenes de lesa humanidad que vienen ocurriendo en diversos territorios de Colombia y que afecta a Pueblos indígenas tales como sucede en el departamento de Nariño con los Pueblos Awa y Pastos; El departamento de Putumayo con varios Pueblos afectados; En el departamento de Guaviare con el Pueblo Jiw (o Guayaberos), y, muy especialmente con el departamento del Cauca, donde, en medio del llamado conflicto armado, las principales víctimas es la población indígena y entre ellos, niños, mujeres, dirigentes y comunicadores indígenas, siendo el responsable principal de estos gravísimos hechos el estado colombiano.

En este contexto, con mucho dolor y a la vez indignación nos hemos enterado de nuevas víctimas y situaciones de enorme preocupación y que debe poner en alerta y acción inmediata a todos los organismos de Derechos Humanos, defensores, organizaciones solidarias y democráticas.

 

A continuación exponemos algunos gravísimos hechos que vienen ocurriendo en el departamento del Cauca, consecutivamente nuestro pronunciamiento y al final, en anexo, últimos hechos ocurridos en otros territorios de Pueblos Indígenas en Colombia:

– El día 7 de febrero, 2012, tres niños indígenas Nasa resultaron gravemente heridos en el baño de la institución Educativa Bachillerato Técnico Agrícola de Jambaló, Cauca, por manipular un artefacto explosivo que se encontraron en las inmediaciones, esto, en el marco del conflicto armado donde vienen ocurriendo sistemáticamente crímenes de lesa humanidad. Los nombres de los menores heridos son: Eybar Yair Pacho, Tiberio Dagua Quitumbo y Jean Carlos Cuetia Fernandez, de 12 años y cursan en el grado sexto.

– El día viernes 03 de febrero de 2012, un grupo de 9 personas entre menores, jóvenes y adultos se dirigieron hacia la parte alta del municipio de Florida – Valle; a las lagunas de San Rafael en la jurisdicción del Cabildo Central de Asentamientos Indígenas kwe’sx Yu’ Kiwe. Un sitio sagrado donde las comunidades comúnmente pescan y comparten con la madre tierra. Después de permanecer el sábado 4 de febrero, el día domingo 5 personas decidieron regresar hacia la vereda Altamira, su comunidad de origen. El resto de grupo retornaría más tarde. Cuando el primer grupo regresaba a casa, a eso de las 8:15 a.m. en un sector montañoso el menor Edward Ipia Quitumbo pisó por una caída una mina anti personal, escuchándose en seguida una fuerte explosión. El estallido arrojo fuera del camino a su hermano Elkin Ipia, de 17 años, al igual que a Juan Pablo y Belisario Ipia Medina, quienes resultaron lesionados. A Edward, la explosión le amputo sus pies y una mano al instante, 3 horas después de tan deplorable suceso, falleció.

– Tres comuneros indígenas heridos por balas en combate entre el ejército y la guerrilla de las Farc el día 27 de enero de 2012, en los Resguardos Indígenas de Miranda y Corinto – Cauca. Según se señaló, después de un enfrentamiento, a las 5 pm, en zona rural, límites del municipio de Corinto y Miranda en el Cauca, tres civiles resultaron heridos por balas “perdidas”. Los jóvenes EDINZON TROCHEZ de 28 años de edad y el menor SAUL SILVA MOSQUERA de 8 años de las veredas La Cilia y la Calera, se encontraban laborando en su huerta y cuando estaban de regreso a sus casas respectivas fue cuando fueron heridos por impactos de las balas, estas personas fueron trasladas al hospital de Miranda -Cauca y horas después fueron dados de alta.

– El día 21 de enero 2012, según denunció La Asociación De Cabildos Indígenas Del Norte Del Cauca, Acin – Cxhab Wala Kiwe, señaló los hechos de violencia cometidos contra comuneros y comuneras pertenecientes al Cabildo de Toribio y San Francisco que laboran en la finca Corcovado, ubicado a escasos 10 minutos de la cabecera municipal de Santander de Quilichao Cauca, con retenciones, violencia, robo de ganado, y siendo encerrados, incluyendo un bebé de 9 meses. La acción fue perpetuada por 4 sujetos fuertemente armados, quienes se identificaron como “milicianos de las Farc”. Para los comuneros la acción obedece a una clara intención de amedrentar a los indígenas que ocupan y laboran los predios adquiridos en la zona y que han sido reiterativas en predios aledaños.

 

– El día 12 de enero 2012, Milciades Trochez Conda de 39 años de edad, miembro activo de la Guardia Indígena, mientras se dirigía de su resguardo a la ciudad de Santander de Quilichao, en compañía de otro comunero, a las 11:20 de la mañana, fue acribillado de manera vil y cobarde. Estas dos personas se dirigían en el vehículo de la víctima, cuando en inmediaciones del corregimiento El Palo (municipio de Caloto), al frente de la institución educativa del mismo nombre y a menos de 7 kilómetros de la base militar ubicada en la vía central que de Caloto conduce a Corinto, se produjo este lamentable hecho. Según versiones de testigos presenciales, unos sujetos que se movilizaban en dos motocicletas, se acercaron por el lado del conductor y sin mediar palabra y sin pedirle que detuviera el vehículo le propinaron los primeros tiros, dicen los testigos que estos se escucharon como en una especie de estruendo ya que al parecer fue una ráfaga, cuando el compañero Milciades malherido intenta salir del vehículo, cae en el suelo boca abajo y ahí es rematado con evidente sevicia. En total le fueron propinados 10 tiros de los cuales 8 tiros le impactan la cabeza y 2 en la espalda.

 

– En septiembre del 2011, se registró un nuevo asesinato de una niña en el Cauca. Se trata de Maryi Vanesa Coicué, una niña de 11 años quien soñaba con ser lidereza y servir a su comunidad, quien se encontraba en su casa junto a su familia al momento que cayó una bomba el 16 de septiembre lanzada por gente criminal e irracional, resultando además por dicha acción bélica 5 personas heridas. Ver Video: http://www.youtube.com/watch?v=gqI-KeJ869Y

 

– También nos hemos enterado de otras situaciones graves de masacres y asesinatos, como el de los niños y jóvenes bombardeados por la fuerza pública el 26 de Marzo del 2011 en la vereda Gargantillas del Resguardo de Tacueyó; O el caso de Zuleima Coicué, una joven y humilde mujer a quien los llamados milicianos de las FARC le segaron brutalmente la vida arrebatándole el derecho de criar a su pequeño hijo. Y también el inhumano ataque a la población de Toribío donde nuevamente quedó en evidencia la crueldad de los agentes de la muerte; O la de Luis Carlos Mestizo, asesinado en Santander de Quilichao hace algún tiempo, en uno de los municipios del Cauca más militarizados, según se ha denunciado.

Amenazas de muerte y asesinatos de Comunicadores Indígenas: En estos últimos años han asesinado a varios comunicadores indígenas y en este ambiente, uno de los últimos hechos de enorme preocupación son amenazas de muerte. A continuación, se da cuenta de situaciones graves con orden cronológico.

-Agosto 15 del 2008: Paramilitares amenazan a Gobernadores indígenas de la zona occidente y Alfredo Campo, director de la Emisora Nuestra Voz Estéreo y una semana después repiten la amenaza contra el consejero CRIC, Algelmiro Valencia. Alfredo Campo, le toco salir de su territorio.

-Diciembre del 2008: Desconocidos dejan panfleto en la puerta de la Emisora Uswal Nasayuwe Estero de Caldono, en el cual declaran objetivo militar a la Emisora y exigen la salida inmediata del territorio a los comunicadores indígenas Griseldino Yafué, Lucio Guetio, Ernesto Bototo, Rubiel Lis y José Vicente Otero.

-El 7 de febrero de 2009, siendo cerca de las 3:00 pm llegaron dos hombres en una motocicleta a la casa de Gustavo Adolfo Ulcué, quién maneja todo lo técnico de la página web de la ACIN. Preguntaron por Gustavo y cuando el hermano abrió la puerta, enseguida los hombres lo encañonaron y se entraron a la casa.

-En octubre del 2010, fue asesinado en su casa frente a su familia, el comunicador indígena Rodolfo Maya del Cabildo de Lopez Adentro zona norte del Cauca.

Marzo del 2011, la residencia de Vicente Otero, coordinador del Programa de Comunicaciones del CRIC, llegaron hombres desconocidos a altas horas de la noche a tocar su puerta, durante 2 días consecutivos.

-Abril del 2011, grupos paramilitares mediante un panfleto amenazan de muerte a los responsables de las 10 emisoras indígenas del Cauca y el coordinador del Programa de Comunicaciones del CRIC

-Enero 28 del 2012, amenazan de muerte a través de llamada telefónica, al comunicador indígena Luis Hernan Sanchez, del pueblo Totoró miembro de la Red AMCIC.

 

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Las denuncias anteriormente mencionadas no han causado ningún tipo de reacciones del gobierno y de los organismos de control del Estado, por el contrario continúan las sindicaciones, judicializaciones y señalamientos a través de los falsos positivos a autoridades, lideres, comunicadores y comunidad en general.

– Estos asesinatos señalados y hechos graves de violencia, son parte de una larga lista de muertos y que son parte de actos de genocidio a causa del conflicto armado entre el estado colombiano, paramilitares y la guerrilla sindicada como Las Farc y el ELN.

– Al respecto, existen antecedentes que el “móvil” de este conflicto bélico ha causado destrucción de viviendas, desplazamiento de la población, sistemáticos asesinatos y heridos, mientras por otra parte, paralelamente, se siguen imponiendo megaproyectos de industrias extractivas con intereses de transnacionales, como mineras y petroleras.

– Resulta extraño, por decirlo de algún modo, que la Guerrilla en Colombia, entre otros aspectos, ha servido de “justificación” para el ataque a habitantes campesinos, indígenas y/o afrodescendiente de diversos territorios, ya sea por el ejército, paramilitares, incluso por la misma “FARC”, situada en varios lugares donde coincidentemente se han instalado o se pretenden instalar los principales proyectos de este tipo de mega industrias, según se ha venido denunciando.

– Nos parece preocupante que esto suceda bajo la pasividad y complicidad de instituciones públicas estatales, instancias que no están haciendo los esfuerzos y actos pacíficos necesarios para que se terminen estos hechos que van en contra de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, haciéndose fundamental que se cumplan las normas de Derechos Humanos, se respeten los derechos de la niñez y se asuma debidamente la responsabilidad estatal ante esta situación y vuelva la calma a estos territorios indígenas en el Cauca.

– Del mismo modo, pedimos, exigimos, insistimos ante la comunidad internacional de Derechos Humanos y del mundo democrático, a actuar activamente para frenar estos asesinatos y violencia estructural de una vez por todas, que nadie quede indiferente ante estas situaciones HUMANITARIAS. .

– Al gobierno colombiano manifestarle que, es su deber garantizar el bienestar de la población, no es posible concebir más muertes de inocentes, que de cabida urgente a caminos de paz, donde los intereses económicos, comerciales e ideológicos no se sobrepongan a la vida. No es posible concebir más situaciones como estas, no es posible seguir aceptando que se continúe con baños de sangre de personas indefensas a causa de insanas justificaciones. No es posible seguir causando tanto dolor y sufrimiento donde la gran mayoría de las víctimas de esta irracionalidad bélica, son personas indígenas que están en medio de un perverso fuego cruzado. Para terminar, como organizaciones, medios y defensores de la vida, le decimos a los responsables directos de estos cobardes asesinatos y actos bélicos, terminar ahora con este comercio de muerte, con este tráfico de vida de personas, con estos actos criminales, con estos asesinatos que son actos de cobardía que no tienen justificación alguna y que solo merece el repudio y la mayor condena.

 

Suscriben:

– Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de Pueblos Indígenas / CLACPI / www.clacpi.org

– CCNIS Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño www.ccnis.org

– CICA Consejo Indígena de Centroamérica www.consejoindigena.org

– Mapuexpress – Informativo desde Wallmapu / www.mapuexpress.net

– Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI) – México

– Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN) – México / http://www.puebloindigena.com/aipin/

– Radio Comunitaria Mixe, Jën Poj, Oaxaca, Mexico / http://radiojenpoj.info

– Caracoles Producciones, Guatemala / http://www.caracolproducciones.org/

– Grupo de Comunicación y Estudio “Lulul Mawida”, Chile.

– Centro de comunicación e investigación, Chaskinayrampi, Chile.

– Colectivo Creador de da Muestra de Cine Indígena de Venezuela/Periódico Wayuunaiki. / http://www.wayuunaiki.org.ve/

– Organización Indígena de la Guajira YANAMA, territorio Wajuu

– Consejo de Comunicación, ONIC (organización Nacional Indígena de Colombia) / http://www.onic.org.co/

– Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN – Colombia / http://www.nasaacin.org/

– Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos (Chile).

– Comunidad de Historia Mapuche (Chile).

– Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador- CONAIE / www.conaie.org

– Corporación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. / www.corpan.org

– CEFREC – Sistema Plurinacional de Comunicación, Bolivia / www.apcbolivia.org

 

– Servicio Paz y Justicia, equipo Pueblos Originarios. Argentina

– Centro de Comunicación Mapuce KONA de Puel Mapu, Neuquén, Patagonia, Argentina.

– CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú. / http://www.chirapaq.org.pe/

 

ANEXO:

 

ULTIMOS HECHOS OCURRIDOS EN OTROS TERRITORIOS DE COLOMBIA / FUENTE: COMUNICADOS ONIC

– El pasado 29 de enero 2012, perdió la vida Juan Bautista Ladino un anciano sabedor del pueblo Jiw, según informó la organización regional. Este anciano como otras 400 personas indígenas y campesinas vivía con su familia en el asentamiento de población desplazada: Zaragoza 4, municipio Mapiripán, Meta. El anciano murió al pisar un artefacto explosivo.

– El sábado 14 de enero, según las autoridades indígenas de este cabildo, fueron desaparecidos de la comunidad los comuneros Herminson y Alexander de Jesús Morales Zamora de 29 y 24 años respectivamente, quienes pertenecían a las comunidades Ubarbá y el Rebaño del mencionado reguardo. Posteriormente el día 16 sus familiares recibieron una boleta, donde les informaban del paradero de Herminson y Alexander. La comunidad se dirigió a la zona indicada, Cerro el Tigre, de la comunidad la Palma, donde hallaron los cuerpos sin vida en una fosa común, con varios impactos de arma de fuego.

– El pasado 31 de diciembre 2011 en el municipio de Santa Cruz de Guachavez, Nariño, dos sicarios asesinaron a Jaime Chazatar, líder indígena del pueblo de los Pastos y Alcalde electo de este municipio por el movimiento autoridades indígenas de Colombia – AICO para el periodo 2012 – 2015. Además, en días pasados se registraron otros dos hechos violentos: el primero ocurrió al líder indígena Abran Mitis, exgobernador del cabildo del gran Cumbal perteneciente al Pueblo Indígena de los Pastos, quien salió con una herida de bala en la mano luego de que sicarios atentaran contra su integridad personal; y el segundo acto violento fue al Gobernador del Pueblo Inga de Aponte, Hernando Chindoy Chindoy; los dos compañeros salvaron su vida milagrosamente. Adicionalmente, respecto del pueblo Awá, se tiene que a finales del año 2011, en el Resguardo Ñambi Piedra Verde, un compañero fue torturado y luego asesinado, encontrando su cuerpo descuartizado, también fueron violadas 3 mujeres Awá, una de ellas con apenas 12 años de edad.

– Según las informaciones de las organizaciones indígenas del Tolima, hombres desconocidos acribillaron con arma de fuego quitándole la vida en presencia de su señora esposa. El hecho ocurrió el día 18 de Diciembre 2011, a las 5:20 p.m. en el kilometro 10 en la vía entre el Municipio de Coyaima con el Corregimiento de Castilla en el Departamento del Tolima.

– Según la información de la Organización Indígena de Antioquia John Dobiana Mecheche, oriundo de la comunidad Guaguandó, reconocido líder comunitario y promotor de territorio, fue asesinado el 6 de noviembre del presente año, en la comunidad indígena Nebá. Adicionalmente, el día 12 de noviembre de 2011 en la mañana, varios hombres dispararon con arma de fuego y posteriormente degollaron a Fabio Domicó Domicó en la comunidad de Nendó. Domicó era un líder indígena Embera Katio, quien al momento de su muerte ejercía el cargo de Vicegobernador de su comunidad en Dabeiba, había sido candidato al Concejo en las elecciones del 30 de octubre de 2011. Adicionalmente, se resalta que Domicó Domicó, era quien coordinaría las actividades del Plan de Salvaguarda Embera en la zona.

 

 

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CHILE

Presentan Recurso de Protección a favor de dos niños de la Comunidad Mapuche de Temucuicui autónoma

El miércoles 28 de Diciembre a las 12:00 hrs en la Corte de Apelaciones de Temuco, se presentó un recurso de protección a favor de dos niños Mapuche por vulneración de derechos por parte de Carabineros de la Prefectura de Malleco. El recurso fue presentado por Karina Riquelme, abogada del Centro de Investigación y Defensa SUR.

Imágenes: Presentación Recurso Protección en Temuco / Foto: Centro de Investigación y Defensa SUR

El jueves 15 de diciembre 2011 una nueva detención violenta enfrentaron cinco comuneros de la comunidad autónoma de Temucuicui. La detención se produjo a las 19 horas en la avenida Ercilla de la comuna de Ercilla se señaló. “Un gran contingente de fuerza especiales de carabineros, golpearon de una forma brutal a los peñi que fueron identificado como: Patricio Queipul (menor de edad), Eric Necul, Eduardo Oses, Bladimir Huenchullan y Jaime Huenchullan”, indicaron desde la Comunidad.

La Comunidad denunció que el Werken de la comunidad se encontraba acompañado por sus dos hijos menores de edad, los cuales también fueron agredidos y abandonados en la vía publica mientra se llevaban a su padre Jaime Huenchullan.

“Una vez más queda de manifiesto la violencia y la discriminación contra los Mapuche por parte de la policia chilena. ¿Porque los detuvieron? nadie sabe, carabineros no dio ninguna explicación y no existía ninguna orden de detención pendiente”, indicaban.

Al respecto, frente a estos hechos, el miércoles 28 de Diciembre a las 12:00 hrs en la Corte de Apelaciones de Temuco, se presentó un recurso de protección a favor de estos dos niños Mapuche por vulneración de derechos por parte de Carabineros de la Prefectura de Malleco. El recurso fue presentado por Karina Riquelme, abogada del Centro de Investigación y Defensa SUR y con ella, sostuvimos una conversación sobre esta acción legal, contextualizada también en la situación de violencia que ha debido enfrentar la niñez Mapuche en diversos territorios, las prácticas y responsabilidades de ciertos organismos estatales y los derechos que se han venido atropellando.

A continuación, acceder a la entrevista en los siguientes enlaces.

http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=5979

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ARGENTINA

Arqueólogos estiman que encontrará más restos humanos en fosa común de Argentina

El equipo de arqueólogos argentinos que trabaja para recuperar los cuerpos de las víctimas de la represión en el llamado Pozo de Vargas, la primera fosa común clandestina hallada en Tucumán tras la dictadura militar, aseguran que los 10 metros que restan remover son “críticos” para encontrar más restos humanos.

Víctor Ataliva, uno de los especialistas que trabaja en el lugar encabezó una conferencia de prensa junto con otros expertos, en la que aseguran que de allí se podrían rescatar los huesos mejor conservados ya que en primera instancia se encontraron huesos muy fragmentados.

Dejaron en claro que en el lugar se arrojaron cuerpos, aunque no se puede determinar cuántos ni tampoco se puede precisar si las víctimas llegaron vivas y fueron ejecutadas en el lugar o si sólo tiraron los cadáveres.

De lo que sí se mostraron convencidos los investigadores es de qué se hicieron grandes esfuerzos para ocultar la fosa, ya que entre las dificultades que encontraron en el lugar estuvo la necesidad de remover cientos de kilos de escombro.

“Hay bloques de hasta 300 kilos de mampostería y había algunas construcciones alrededor que fueron destruidas para invisibilizar el sitio y los restos fueron arrojados adentro”, precisó.

Los restos óseos que se descubrieron primero habrían sido los últimos en arrojarse al pozo y los que recibieron el impacto de los escombros, según Altiva.

Además de los vestigios humanos y de elementos asociados, se encontró material de plásticos, carbones, vidrios y otros objetos que permiten ubicar temporalmente la actividad dentro del Pozo.

Entre los restos aparecieron dos tapitas de gaseosas con motivos infantiles que permitieron estimar que las tareas habrían comenzado desde 1975.

“Estamos recuperando personas”, indicó Ataliva. Entre los restos recuperados hace 10 días se confirmó que allí estaban los del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.

Junto al ex senador “se recuperaron otros restos que están siendo analizados, pero por el contexto, no se puede precisar cuántas personas son”, expresó Ataliva.

El Pozo de Vargas es la primera fosa común clandestina descubierta en Tucumán en la que se arrojaron cadáveres de personas secuestradas, torturadas y asesinadas durante la última dictadura militar.

teleSUR – Telam / FC

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BOLIVIA

Autoridades bolivianas entregan a familiares restos de guerrilleros desaparecidos en dictadura

La ministra boliviana de Justicia, Nilda Copa entregó este miércoles a familiares los restos óseos de Evaristo Bustos Araníbar y de Erminio y Estanislao Villca Colque, integrantes del extinguido Ejército de Liberación Nacional (ELN),  creado por el  “Che” Guevara, que desaparecieron en la dictadura de 1970 y cuyos cuerpos fueron hallados entre 2009 y 2010.

En el acto de entrega, en elque  participó el fiscal asignado al caso, Carlos Fiorilo,  Copa expresó que “con la cooperación de expertos argentinos y bolivianos, y la ayuda de Dinamarca se logró la recuperación de nuestros héroes y mártires por la liberación nacional y la democracia”.

Del mismo modo, explicó que antes de recibir los restos del coordinador del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se verificaron las urnas, para cumplir con el procedimiento de la cadena de custodia en presencia de los familiares.

“La búsqueda, las excavaciones y exhumaciones de los restos de los guerrilleros que desaparecieron en la zona tropical de Teoponte, en el Gobierno de facto de Alfredo Ovando Candia, seguirá adelante”, aseguró la titular.

En la ceremonia participó también el presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Luis Aparicio Miranda.

Copa destacó la tarea del Instituto de Investigación Forense (IDIF) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), entidades que bajo la dirección de la experta argentina, Silvana Durnal, buscaron los restos de los guerrilleros desaparecidos.

Por su parte, Daría Bustos, hermana de Evaristo dijo emocionada a la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI) que para ella es una fecha importante.

“Esta fecha es importante, recuperar los restos de mi hermano que era padre. Desapareció hace 42 años, me dejó en mi infancia, ahora tengo 60 años”, matizó a la vez que agradeció al Gobierno por  la búsqueda para dar con los restos “de las víctimas de la dictadura”.

Durante la dictadura militar de Hugo Bánzer (1971-1978) en Bolivia, murieron y desaparecieron varios dirigentes de izquierda, entre ellos el fundador del Partido Socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Los restos de estos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fueron hallados en la localidad de Teoponte (norte de La Paz), luego de las investigaciones de antropólogos argentinos y bolivianos en la zona. Según los especialistas, los esfuerzos continuarán hasta conseguir unos 20 cadáveres más.

teleSUR- ABI- Prensa Latina/ lp -PR

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ARGENTINA

Marchan en Argentina en repudio a asesinato de campesino.

El Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC) marchó este viernes en Buenos Aires, capital de Argentina, en repudio al asesinato de Cristian Ferreyra, un campesino de 25 años. A la par, emitieron un comunicado denunciando que presuntamente el autor intelectual del crimen fue el empresario rural, José Ciccioli. El Mocase responsabilizó a “empresarios que intentan acaparar las tierras”.

Agregan que desde hace cuatro meses los campesinos indígenas vienen sufriendo un plan de ataque en su contra, en los departamentos de Copo, Pellegrini y Alberdi, en el norte santiagueño.
En el texto, explican que el ataque se originó en el marco de amenazas e intentos de desalojo de productores establecidos en la comunidad de San Antonio, a 60 kilómetros de Monte Quemado, en el norte de Santiago del Estero (Argentina).
“Javier y Arturo Juárez, sicarios del empresario Ciccioli, dispararon a sangre fría contra dos campesinos, causando la muerte con una escopeta a Cristian Ferreyra, integrante del Mocase-VC”, señaló el comunicado. Precisan que durante el ataque también resultó gravemente herido de una pierna el militante César Godoy, de 31 años, quien está hospitalizado pero fuera de peligro.
El comunicado también apuntó a funcionarios provinciales y judiciales. “El juez penal Alejandro Fringes Sarria, de Monte Quemado, ya tiene varias denuncias y no hizo nada para detener la escalada de violencia” y al “Comité de Crisis (creado por el gobierno provincial para gestionar los conflictos de tierras) que supo hacer relevamiento de las situaciones de atropellos. Pero hasta el momento, sólo la organización de las comunidades ha logrado evitar los desalojos y desmontes de miles de hectáreas” destacó el documento.
Numerosas organizaciones sociales y sindicales repudiaron el episodio, entre ellas las Abuelas de Plaza de Mayo. “Hombres vinculados al agronegocio intentan adueñarse de tierras comunitarias mediante amenazas, cierre de caminos y diversas prácticas oscuras que van en aumento y recuerdan lo peor de nuestra historia reciente”, señaló Abuelas en el texto.
 Versión policial 

La policía de Santiago de Estero informó que los involucrados en los hechos están detenidos y que el autor del disparo tiene una orden de arrestro.
“Cuando el personal policial se dirigía hacia el lugar, a la altura del paraje La Firmeza, son requeridos por los ocupantes de una camioneta Ford, conducida por Oscar María Juárez, y llevaba en la caja a dos personas con heridas de arma de fuego, identificadas como Cristian Leandro Ferreyra y César Darío Godoy; también iban en el rodado Marta Noemí Salto (madre de Cristian Ferreyra) y Noelia Viviana Ferreyra (concubina de Darío Godoy). Según manifestaciones del conductor fueron heridos en las piernas por el ciudadano Javier Juárez”, reseñó el informe policial.
Según detalló el reporte, los testigos aseguraron que el autor del hecho fue Francisco Javier Juárez, argentino, de 38 años, domiciliado en el departamento Copo. Juárez es empleado de Jorge Ciccioli.
En el informe los efectivos policiales detallaron el suceso: “Javier Juárez portaba una escopeta colgada al cuello, solicitó dialogar con Godoy y Ferreyra, llamándolos hacia el patio, cuando estaban saliendo, Juárez le disparó a Ferreyra en primer lugar, en la pierna derecha y luego a Godoy, quien resultó herido en ambos muslos”.
En Argentina hay 1,5 millones de personas que integran 19 pueblos originarios, sobre una población total de 40 millones.

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MEXICO.

El INM y Policía Ministerial protegen a los responsables del caso del periodista Irineo Mújica Arzate

  • A más de año de que fue torturado el periodista Irineo Mújica Arzate, no se han ejecutado las órdenes de aprehensión de los responsables.
  • Actualmente solamente se encuentra recluido uno de los policías federal que participó en la agresión contra Ireneo.
FUENTE CENCOS. Ireneo Mujica es periodista y defensor de derechos humanos. El 16 de julio del 2010, Ireneo se encontraba a bordo de un tren de carga en compañía de algunos migrantes, elaborando un documental sobre migración en México. Cuando el tren se encontraba en las inmediaciones del municipio de Soltpec, en el Estado de Puebla, el  tren fue detenido con motivo de un retén migratorio.

Es ahí donde Agentes Federales Migratorios del Instituto Nacional de Migración (INM), acompañados de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), detienen a todos los migrantes al mismo tiempo que Ireneo filmaba y documentaba con su cámara lo que acontecía. La labor periodística de Ireneo molestó a las autoridades ahí presentes, quienes retuvieron el pasaporte de Ireneo, obligándolo a descender del tren; en donde cuatro agentes del INM y uno de la PFP, lo golpearon, torturaron, y despojaron de su cámara y pertenencias.

Una vez que recobró conciencia, Ireneo se acercó a la Delegada del INM en Puebla Roció Sánchez de la Vega Escalante, que presenció el operativo, y le explicó lo sucedido; sin embargo, esta protegió a sus subalternos, se mofó de Ireneo y lo dejó en lugar del operativo, lejos de centros habitados, golpeado y sin sus pertenencias.

Ireneo denunció los hechos ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) en Puebla y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La primera de las autoridades, ha consignado ante un Juez Penal Federal, a los cinco agresores así como a la Delegada del INM en Puebla Roció Sánchez de la Vega Escalante y a Jonathan Gerardo Hernández Camarillo, Subdirector de Control y Verificación de la Delegación del INM en Puebla, responsables de aquel operativo migratorio.

A más de tres meses de que el Ministerio Público consignó a los responsable ante el Juez Penal, la Policía Ministerial adscrita a PGR Puebla, no ha ejecutado las ordenes de aprehensión de los funcionarios responsables del INM; lo anterior evidencia la impunidad y desfachatez de las autoridades toda vez que al día de hoy la Delegada del INM en Puebla Roció Sánchez de la Vega Escalante, sigue en ejercicio de sus labores y puede localizársele en sus oficinas.

Así mismo la CNDH, emitió la recomendación 36/2011, a través de la cual reafirma la violación de los derechos humanos de Ireneo y de los migrantes que acompañaba aquel día; sin embargo y a pesar de que el INM y la PFP han aceptado la recomendación, no han suspendido a los responsables y menos aún han reparado el daño al que se ven obligados.

Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas)

Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)

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Policía chilena admite haber disparado en protesta donde murió joven de 16 años

La Policía de Chile (Carabineros) admitió este viernes que abrió fuego el pasado viernes durante una protesta en la población de Jaime Eyzaguirre de Santiago de Chile, en la que murió el joven Manuel Gutiérrez Reinoso. El oficial que confesó haber disparado al aire fue dado de baja, informó el general de la Zona Metropolitana, José Luis Ortega.

Gutiérrez Reinoso falleció en la población Jaime Eyzaguirre (Santiago de Chile), en el límite de las comunas de Macul y Peñalolén (centro-este de la capital) cuando se encontraba en una pasarela con su hermano y un amigo viendo las protestas.

El funcionario policial fue dado de baja este lunes y toda la información se puso a disposición de la Fiscalía, ente que investiga los hechos ocurridos en la madrugada del 25 de agosto, fecha en la que se realizaba el paro nacional convocado por la Central Única de Trabajadores (CUT).

El sitio Web Emol, reseñó que el suboficial implicado en el hecho es Miguel Millacura Cárcamo, con 18 años de servicios, “quien admitió ante la sección de asuntos internos de la policía, que limpió el arma tras usarla y repuso las dos balas utilizadas”.

Ortega explicó que después de que el departamento de asuntos internos de Carabineros, “previo durante el fin de semana a la revisión de los procedimientos ocurridos en Santiago y específicamente en el sector de Peñalolén” se revisó el tipo de armamento entregado para el servicio esa noche, “las copias de constancia, las bitácoras de los vehículos policiales” y se estableció que el suboficial disparó.

“Alrededor de la medianoche un suboficial que andaba de patrulla en el plan cuadrante concurrió de propia iniciativa a prestar cooperación al personal de servicio”. Una vez en el lugar, se percataron de que en el otro costado de la avenida “disparaban en contra del personal que había requerido apoyo, el suboficial jefe de la patrulla tomó la decisión de hacer uso de su armamento de servicio, una pistola UZI 9 mm en dos ocasiones”, citó el general la versión del Carabinero.

El policía “señala que disparó, no al grupo de personas, disparó al aire, eso se tendrá que establecer en la respectiva investigación”, insistió el general.

Aclaró que el cuerpo policial no atribuye directamente la responsabilidad al suboficial, ésta “la tendrá que establecer científicamente los peritajes lo antes posible, la Policía de Investigaciones con la orientación del fiscal que lleva la causa”.

El cuerpo de Manuerl Gutiérrez, de 16 años de edad, fue sepultado este domingo en un cementerio evangélico en las afueras de Santiago.

Al acto fúnebre asistieron centenares de personas, varias de ellas aprovecharon la oportunidad para exigir justicia y culpar a los carabineros del crimen.

Más temprano, la familia había pedido que no se politizara la muerte de Gutiérrez Reinoso y llamó a dejar que la justicia cumpla su labor.

En tanto, el presidente de la nación, Sebastián Piñera, aseguró este domingo que hará “todo lo necesario” para que se esclarezcan los hechos.

“El Gobierno está haciendo todo lo necesario para esclarecer las circunstancias y las responsabilidades en esa muerte”, afirmó.

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CHILE

Gerson Gutiérrez: “A mi hermano lo mataron y lo mataron los carabineros”

El hermano de Manuel Gutiérrez, joven muerto por un disparo durante la madrugada de ayer (25 de agosto) en la comuna de Macul, denuncia que el tiro fue efectuado por Carabineros de Chile.

El adolescente de 16 años de la villa Jaime Eyzaguirre, pidió permiso a sus padres la noche de ayer para llevar a Gerson, su hermano minusválido, a presenciar los acontecimientos de protesta que a esa hora se desarrollaban bajo la pasarela que conecta las comunas de Macul y Peñalolén.

Gerson relató a radio ADN que cuando estaban parados junto a un amigo en la esquina del pasaje Amanda Labarca, apareció una patrulla de Carabineros que disparó tres tiros y luego siguió su camino.

“Estábamos aquí en la esquina del pasaje mirando los acontecimientos, quisimos ir a la pasarela deVespucio… sólo a mirar, en ningún momento quisimos hacer desmanes… por la calle Amanda Labarca a 300 metros de llegar a Vespucio, aparece un auto de carabineros y el copiloto por la ventana comienza a disparar, disparó tres veces… de las cuales una impactó a mi hermano en la parte torácica”.

El joven herido fue trasladado a la Posta 4 de Ñuñoa donde falleció cerca de la una de la madrugada.

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, descartó comentar las versiones de testigos que dicen que el disparo que mató a Gutiérrez fue hecho por Carabineros, señalando que el deceso se produjo en el marco de un enfrentamiento.

Por su parte, la intendenta de la Región MetropolitanaCecilia Pérez, señaló a distintos medios esta mañana que “no sabemos si fue un enfrentamiento; hay que ser cauteloso con las palabras, sobre todo cuando hay una investigación en curso y por respeto a la familia del menor de edad”, señaló.

Sergio Puyol, alcalde de Macul, también se refirió a los hechos, dijo a radio Cooperativa estar “consternado, muy dolido y muy sorprendido de las declaraciones de su madre y de su hermano, porque este joven iba caminando hacia una pasarela y, según la versión de su hermano, pasó un vehículo de Carabineros disparando”.

El jefe comunal añadió que “estamos ante una posición de duda que no debiera existir”, reaccionando a la respuesta de Carabineros que desmintió haber usado armas de fuego en la Villa Jaime Eyzaguirre.

Según el testimonio de familiares a radio Cooperativa, los hermanos nunca participaron en las manifestaciones, sólo las habían visto por televisión y esta era la primera vez que las veían de cerca. Manuel pertenecía a una comunidad evangélica, tenía buenas notas, era en síntesis, un niño tranquilo.

El informe médico del centro asistencial de Ñuñoa que auxilió sin éxito a Manuel, corroboró que la herida fue propiciada por una bala de grueso calibre. Así explicó Gerson, quien admitió que “tenía la esperanza de que fueran perdigones”, pero el desenlace fue otro.

Por Paula Figari

Noticia en desarrollo

El Ciudadano

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HONDURAS

Mueren otros tres campesinos en noreste de Honduras por conflicto de tierra

Tres campesinos hondureños fueron asesinados el domingo en la noche en la zona del Bajo Aguán (noreste del país centroamericano) en medio de una ola de violentos crímenes en los últimos meses por el acceso a la tierra cultivable. Los enfrentamientos por la tierra han dejado al menos 14 campesinos muertos en esa región en pocos días.

El dirigente social Rafael Alegría, de la organización Vía Campesina, informó este lunes que “Pedro Canales y su esposa (Reina Mejía) fueron asesinados en la noche cuando regresaban del velorio de Secundino Ruiz; entraron a su casa a matarlos”.

Rafael Alegría añadió que en el Aguán, zona ubicada a 600 kilómetros al noreste de Tegucigalpa, hay un tercer campesino muerto, cuyo nombre y circunstancias no habían sido notificadas.

Canales era presidente de la Cooperativa La Concepción del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), dio a conocer Alegría.

Explicó que “a la pareja los atacaron a tiros dentro de su casa, pero a la esposa de Canales la atacaron con machete, en un nuevo método y ¿para qué sirve ese gran despliegue de militares y policías?, eso mueve a sospechas”, lamentó Alegría.

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, decretó la semana pasada la militarización de la zona de Bajo Aguán y desplegó unos 600 solados y policías tras los violentos enfrentamientos que se han producido en la zona por el acceso a la tierra.

Rafael Alegría acotó que “los dirigentes campesinos están escondidos, preocupados porque están siendo asesinados a mansalva y bajo la presencia de esa fuerza policial militar, más de 600 hombres, ¿qué deja entender eso?”, subrayó.

Agregó que las organizaciones sociales de Honduras solicitarán el envío de una “comisión internacional que venga a la zona”.

Un informe presentado por la Misión de Verificación Internacional, realizado entre el 26 de febrero y el 4 de marzo de 2011, indica que luego del golpe de Estado en Honduras en 2009 ha aumentado el número de muertes, amenazas e intimidaciones contra unos tres mil 500 campesinos en las tierras de Bajo Aguán.

Los problemas de tierras en Aguán prosiguen pese a que en abril de 2010, el MUCA suscribió un acuerdo con el Gobierno que estipulaba la entrega a las familias del campo de tres mil hectáreas sembradas de palma africana y otras tres mil sin cultivar.

El Estado también prometió que se otorgarían otras cinco mil hectáreas al campesinado en aproximadamente un año y éstas no podrían ”ser nunca garantía de comercialización, ni vendidas en ninguna circunstancia”, pero según el informe de la Misión internacional el Gobierno de Lobo no ha cumplido sus promesas.

El conflicto que data de hace dos años, ha dejado un saldo de medio centenar de muertos en los últimos meses, catorce de ellos desde la semana pasada

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MEXICO

La procuradurio General de la Republica PGR  omite investigar las muertes de la “guerra”

FUENTE REVISTA CONTRALINEA

La purga al interior de la PGR no ha sido suficiente para que su titular, Marisela Morales, corrija una de las negligencias que más preocupa al presidente Calderón Hinojosa: investigar cada uno de los más de 40 mil asesinatos de civiles cometidos en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico. En este sexenio, sólo se han abierto 1 mil 778 averiguaciones previas, acepta la Procuraduría. La pifia no sólo le habría costado el puesto a Chávez Chávez, sino que podría derivar en el futuro fincamiento de responsabilidades penales contra él y el propio titular del Poder Ejecutivo. Los delitos del crimen organizado se encontrarían en la misma situación: sólo hay 6 mil 196 indagatorias por delincuencia organizada

Con la renuncia de Arturo Chávez Chávez al cargo de procurador General de la República, a fines de marzo pasado, se destapó una de las más graves negligencias de esta administración, relacionada con la “guerra” contra el narcotráfico. En los más de cuatro años y medio, el abogado de la nación ha abierto solamente el 4.4 por ciento de las investigaciones que le manda la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanospor cada uno de los más de 40 mil civiles ejecutados.

A cuatro meses de su nombramientocomo procuradora, Marisela Morales Ibáñez aún no habría corregido esta situación, revelan informes proporcionados a Contralínea por la dependencia. Ello, a pesar de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa le habría encomendado hacer todos los esfuerzos para remediar la pifia en el menor tiempo posible.

Por este hecho, a los exprocuradores Eduardo Medina-Mora, Chávez Chávez, a la procuradora Morales Ibáñez y al presidente de la República se les podrían fincar responsabilidades, como lo informó Contralínea (edición 227, 3 de abril de 2011).

De acuerdo con la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Penales, ninguno de los asesinatos puede dejar de investigarse, y para ello debe existir cooperación entre las autoridades locales y la Procuraduría General de la República (PGR), como Ministerio Público federal.

Por ello, entre las anomalías que actualmente investiga la Visitaduría General de la PGR se encuentra la “irregular integración de averiguaciones previas”. De acuerdo con elvisitador César Alejandro Chávez Flores, se revisa la actuación de unos 700 servidores públicos de la institución, no sólo por esos casos, también por la presumible comisión de fraude, robo, abuso de autoridad, cohecho, peculado y práctica indebida de cateos. Otros 400 ya fueron cesados, aunque no se ha aclarado cuántos de ellos tendrían responsabilidad por no abrir las investigaciones de los ejecutados.

Y es que de los más de 40 mil civiles asesinados en lo que va de la “guerra” contra el narcotráfico,la PGR sólo ha abierto 1 mil 778 averiguaciones previas, indicala respuesta a la solicitud de información 0001700045511 hecha por este semanario. Se trata, apenas, del 4.4 por ciento del total.

Bajo la tipificacación del delito de homicidio, previsto en el Código Penal Federal,la institución informaque en diciembre de 2006 se iniciaron 19 investigaciones; en 2007, 322; en 2008, 376; en 2009, 436; en 2010, 496; y en enero y febrero de 2011, 79.

En contraste, en la Base de datos de estados y municipios sobre homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada del gobierno federal,se indicaque en diciembre de 2006fueron asesinadas 62 personas; en 2007, 2 mil 826; 2008, 6 mil 837; 2009, 9 mil 614; y en 2010, 15 mil 273.

Al responder un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados –en el cual se le exhortó a informar la situación de los, entonces, más de 34 mil asesinatos de civiles–, la PGR argumentó que el homicidio es un delito del fuero común y que sólo atrae los casos que, debido a sus características, representan un problema para la integración por parte de las procuradurías generales de Justicia de los estados o a petición expresa de éstas. Agregó que la excepción son los casos en los que están involucrados servidores públicos o empleados federales, indica el boletín 3574.

En enero pasado, la senadora priísta María Elena Orantes López aseguró que la mayor parte de las víctimas (migrantes, transmigrantes, niños, jóvenes y mujeres) han muerto en fuego cruzado por integrantes del crimen organizado y las fuerzas armadas. “Más del 95 por ciento de esas muertes no se han investigado y sólo el 1 por ciento de los crímenes llega a ser procesado penalmente ante un juzgado”, indicó en la iniciativa con punto de acuerdo para exhortar al gobierno a rendir un informe puntual sobre las investigaciones.

Responsabilidades incumplidas

“La Procuraduría tenía el deber de abrir los expedientes de las casi 35 mil muertes[ahora más de 40 mil], si no lo ha hecho evidentemente hay responsabilidad legal. Si la omisión fue de los agentes, alcanza a quien es titular de la PGR porque éste tiene la obligación y la competencia legal de proceder. En el caso delexprocurador [Arturo Chávez Chávez], no hace falta la declaración de procedencia que se establece en el artículo 111 constitucional porque ya no tiene fuero, por lo cual se podría iniciar un juicio político”, explica el doctor Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Un juicio político, así como sanciones administrativas y legales, se inicia cuando los servidores públicos incurren en actos u omisiones que afectan el interés público (artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Márquez Gómez expone que cualquier ciudadano o funcionario con “evidencia” de la falta de indagaciones en torno a los homicidios en esta “guerra”,podría acudir ante los diputados y senadores para que éstos determinen la destitución o inhabilitación de quienes resulten responsables.

“Se ha venido discutiendo la responsabilidad que tiene el presidente de la República, sobre todo lo que tiene que ver con la muerte de los 35 mil civiles que ellos han llamado víctimas colaterales”, indica Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Aunque, aclara que no existe un marco jurídico para que Felipe Calderón Hinojosa, a corto plazo, sea objeto de un juicio político, pues él se respalda en el artículo 89 de la Constitución que le permite disponer de las Fuerzas Armadas en caso de que esté en peligro la seguridad nacional.

El panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, considera que delitos como el narcotráfico y el secuestro se tienen que perseguir con toda la fuerza del Estado. “La lucha no es porque ya no trafiquen, es porque no acaben con nuestra juventud. ¿Cómo decimos si ha fallado o ha sido buena la estrategia del presidente Calderón si no le han ayudado a ponerla en práctica? La estrategia del Estado mexicano, porque son muchas personas las involucradas, no se ha puesto en práctica”.

En cambio, el senador priísta Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, secretario de la Comisión de Justicia, asegura que el número de muertes se incrementa día a día y el crimen organizado no disminuye. “Nuestro grupo parlamentario ha venido diciendo, desde que comenzó esta lucha, que hay que enfrentar de manera dura y con la fuerza del Estado al crimen organizado; de eso no nos queda duda. Sin embargo, la estrategia no da los resultados que la población necesita y que el gobierno prometía”.

A julio de 2011, los crímenes mortales de la “guerra” contra las drogas rebasan los 40 mil. Según la Base de datos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, hubo 30 mil 913 ejecuciones, 3 mil 153 fallecidos por enfrentamientos y 546 por agresiones. Los estados con mayor concentración de homicidios son Chihuahua, con 10 mil 135; Sinaloa, 4 mil 387; Guerrero, 2 mil 739; Baja California, 2 mil 19; Durango, 1 mil 892; Michoacán, 1 mil 751; Estado de México, 1 mil 538; Tamaulipas, 1 mil 457; Sonora, 1 mil 258; y Jalisco, 1 mil 73.

“Los homicidios no se dan por la presencia del gobierno federal. La presencia del gobierno federal se da por los homicidios”, dijo Felipe Calderón en su segunda intervención en los “Diálogos por la seguridad, hacia una política del Estado”, el pasado 12 de enero de 2011. Enfatizó en que el mayor número de las muertes en el país deriva de la alta conflictividad entre los criminales que se disputan un territorio.

La Constitución, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la PGR fundamentan cuáles son las actividades del Ministerio Público en la averiguación previa ?recibir denuncias o querellas; investigar; solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, arraigo u otras medidas cautelares; y determinar incompetencia y “remitir” a la autoridad correspondiente?.

La Procuraduría tiene la facultad de “atracción” con la cual daría seguimiento a procesos iniciados en los estados, pero continúa argumentando que el homicidio es competencia del fuero común, salvo en los casos en que se encuentre involucrado un servidor público o empleado federal. No obstante, comunica que está trabajando de forma coordinada y permanente con las procuradurías estatales y con la Procuraduría General de Justicia Militar (boletín 3574 de la Cámara de Diputados).

“Los homicidios son del fuero común, entonces le tocarían a los ministerios locales. Aparte del procurador General de Justicia serían responsables todos los procuradores de justicia de las entidades. Ojalá que el nuevo gobernante en 2012 diera un giro, y una de las cosas fundamentales con las que se va a tener que enfrentar va a ser con estos saldos de la violencia”, comenta la diputada perredista Teresa del Carmen Incháustegui Romero, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública.

Para Daniel Márquez no se ve a corto plazo una voluntad de rectificación, a pesar de que existe la necesidad de hacer un alto en esta “guerra”. “Las instituciones se cerraron a un sólo discurso. No se está dando en los posibles precandidatos para la Presidencia de la República el debate de qué hacemos con esta lucha. La única propuesta es reactiva: frente a la violencia, la violencia del Estado”.

En la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del pasado 30 de junio, Calderón indicó que se deben cambiar los “procesos” para reducir los delitos más comunes como robo, extorsión, secuestro y trata de personas. “También revisaremos la estrategia a fin de proteger a las víctimas, preservar la memoria de los fallecidos y reducir la impunidad”, agregó vía twitter.

Uno de los objetivos plasmados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad ?publicado en el Diario oficial de la federación el 25 de agosto de 2008 y firmado por el presidente, secretarios de Estado, gobernadores y presidentes municipales, medios de comunicación, organizaciones sociales y líderes religiosos? era fortalecer la capacidad institucional del Ministerio Público federal. La PGR se comprometió a formular el protocolo de actuación e investigación, inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales para la obtención de sentencias condenatorias. Para ello, el lapso de ejecución era de seis meses; al presente no se ha cumplido.

Opacidad, la característica

El Instituto Federal de Acceso a la Información Públicasolicitó a la Procuraduría que proporcione información sobre el número de muertos y desaparecidos a causa de la “guerra” contra la delincuencia. Carlos Alberto Pérez Cuevas, Esthela Damián Peralta y Mario Di Costanzo (diputados del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, respectivamente) coincidieron en que se estreguen los datos de acuerdo con la Ley de Transparencia.

El investigador Márquez comenta que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe abrir un expediente para analizar las irregularidades dentro de la PGR, concretamente la falta de averiguaciones. “No es un tema de agenda, es una competencia legal. Salvador Vega Casillas tiene una responsabilidad asignada en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Si ellos incumplen la ley, ¿ante quién los denunciamos? No es una cuestión política”.

Contralínea solicitó entrevista a la PGR y a la SFP. Rocío Cabrera, vocera de la Procuraduría, informa que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y por ende su titular Patricia Bugarín Gutiérrez, no está ofreciendo declaraciones. Moisés Ciriaco Salvador, director de Análisis de Prensa y Publicidad, dice que la facultad de la Secretaría es “bastante” limitada y que por el momento no es tema al interior.

Delincuencia organizada, en la impunidad

La Procuraduría no sólo habría fallado en investigar los homicidios supuestamente vinculados con la “guerra” contra el narcotráfico; también, en la persecución de los delitos del crimen organizado, que sí son del fuero federal, revelan los informes entregados a este semanario por la dependencia.

De acuerdo con la respuesta a la solicitud 0001700045411, hay sólo 6 mil 196 averiguaciones previas por violaciones previstas en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (delitos contra la salud, delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita, privación de la libertad y robo de vehículos, principalmente). En diciembre de 2006, 44 investigaciones; en 2007, 1 mil 217; en 2008, 1 mil 165; en 2009, 1 mil 505; en 2010, 1 mil 950; enero y febrero de 2011, 315.


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MEXICO

Boletín de prensa.
Tlachinollan

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú demandan formalmente a la PGR y a la PGJM que sus casos seaninvestigados en el fuero civil

FUENTE-CENCOS.

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú demandan formalmente a la PGR y a la PGJM que sus casos sean investigados en el fuero civil en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y de la reciente determinación de la SCJN.

En conferencia de prensa, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, y Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dieron a conocer las acciones tomadas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú para exigir que las investigaciones abiertas por la violación sexual y tortura perpetrada en contra de ambas por elementos castrenses sea remitida al fuero civil.

Durante la conferencia de prensa, ambas mujeres me’phaa y las organizaciones que acompañan su búsqueda de justicia hicieron públicas diversos documentos presentados el día de hoy.

En primer término, dieron a conocer un escrito dirigido a la Lic. Maricela Morales, Procuradora General de la República (PGR), en el cual, haciendo valer la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demandan a dicha dependencia que a la brevedad pida a su homóloga militar la remisión de las averiguaciones previas relacionadas con sus denuncias, señalando que no pueden continuar en el fuero militar.

En segundo lugar, difundieron un escrito dirigido a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), mediante el cual invocando también la determinación del Máximo Tribunal mexicano, exigen que el órgano castrense de procuración de justicia deje inmediatamente de seguir integrando las averiguaciones previas iniciadas tras la denuncia de las mujeres me’phaa, de modo que éstas sean remitidas al fuero civil inmediatamente.

Durante la conferencia de prensa, se reiteró que la remisión al fuero civil de las investigaciones relacionadas con los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú pone a prueba la trascendencia de la reciente determinación de la SCJN, así como la congruencia del Ejecutivo Federal para dar cumplimiento a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acatar las interpretaciones del Máximo Tribunal mexicano.

En ese sentido, se insistió en que a más de 8 meses de que la Corte Interamericana ordenó al Estado Mexicano que las investigaciones fueran trasladas a la PGR, hasta ahora ha prevalecido en el fuero militar.

Por eso, se señaló, connotadas organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Organización de Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), La Organización para el Futuro Mixteco, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Gro.), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ),la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos (RedTDT, conformada por 72 organizaciones en 23 estados de la República) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), ARTICULO XIX y Amnistía Internacional (AI), suscribieron el posicionamiento dado a conocer, enfatizando que de seguir en el fuero militar los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú quedaría probado que el Ejecutivo elude sus obligaciones internacionales y la determinación de la Suprema Corte para encubrir la impunidad castrense.

Exigimos que el marco del acuerdo del convenio firmado por las autoridades el 15 de marzo, para el cumplimiento de las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo, las investigaciones sean remitidas al fuero civil. Recordamos que en dicho evento, la representación estatal estuvo a cargo de, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de J. Zamora Castro del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, quien ha fungido como coordinador de la implementación de las sentencias, así como el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo; el Subprocurador Jurídico y de Proyectos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Jorge Alberto Lara Rivera; el Consejero Jurídico Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ricardo Celis Aguilar Álvarez.

Para descargar la minuta de la reunión de instalación puede realizarlo a través del siguiente enlace  http://www.tlachinollan.org/Descargas/MINUTA%20I.pdf

Para mayor información y gestión de entrevistas:

Román Hernández
Área de Comunicación CDHM Tlachinollan
Teléfono: (+52) 757 476 12 20 · (+52) 757 476 37 04
Celular: (045) 757 106 60 95
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MEXICO

A 65 meses de la Explosión en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos.

FUENTE CENCOS.

Boletín de prensa
Familia Pasta de Conchos / Pastoral Laboral / Cereal

  • Que se escuche nuestro grito a Felipe Calderón

En días pasados, aparecieron colgadas mantas en la Catedral de Saltillo con el fin de intimidar la labor del Obispo Fr. Raúl Vera López. Nuestra Organización condena la cobardía de éstos actos y exige al Gobierno del Estado de Coahuila, inicie una investigación de oficio para deslindar responsabilidades. A Fr. Raúl Vera, toda nuestra solidaridad y cariño.

A más de dos meses de la explosión en el Pocito 3 de Sabinas, las familias afectadas por esta tragedia, continúan en la misma situación que denunciamos hace un mes ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente: pensiones de hambre responsabilidad de la PROFEDET que no consideró el salario real de los trabajadores fallecidos, ni ha podido establecer los montos de las indemnizaciones; como tampoco, tutela los derechos de los trabajadores de los pocitos 1 y 2 del mismo centro de trabajo a quienes les negaron las indemnizaciones a cambio “de una ayuda humanitaria de 750 pesos”. No hay respuesta por parte del INFONAVIT a la petición de que se entreguen casas a todas las familias que no tienen, superando el absurdo argumento de que los mineros fallecidos no habían iniciado los trámites para obtener un crédito. Por segunda vez se giraron órdenes de aprehensión contra uno de los dueños de la empresa BINSA, sin incluir a los concesionarios del lote, ni a la apoderada legal de la empresa. El resultado será el mismo de siempre: se ordenará el pago de 180 mil pesos para “reparar el daño a las familias” para que no pisen la cárcel, ni siquiera durante el juicio porque se han amparado, mientras que, la STPS no ha integrado al expediente el delito de falsedad de declaraciones de la empresa que modificó la edad del menor lesionado y les ocultó a otros menores. Sin embargo, este cúmulo de negligencia y simulación se está enfrentando con la determinación de las familias de no firmar absolutamente ningún documento penal ni laboral que les otorgue el perdón.

Frente a esta denuncia que hicimos, la funcionaria Rosalinda Vélez Juárez, Procuradora General de la Defensa del Trabajo, envió una carta abierta al Periódico la Jornada, en la que, entre acusaciones, contra la Lic. Cristina Auerbach Benavides de nuestra Organización, se lamenta de que “personas que únicamente buscan lucrar políticamente con el dolor de las familias afectadas pretendan desacreditar a una institución que a todas luces posee la aceptación y confianza de la gente a quien sirve”. Es la misma acusación que hizo Grupo México hace un par de meses en una inserción pagada; la misa que el Subsecretario Álvaro Castro -a quien le costo el puesto- hizo contra el Senador Ricardo García Cervantes y la misma que el Secretario Javier Lozano ha hecho sistemáticamente contra muchos de nosotros. Por nuestra parte, la citada funcionaria, deberá de responder en los Tribunales, no en los medios de comunicación.

Después del siniestro en el Pocito 3 de Sabinas, la STPS puso en marcha un operativo de inspección conjunto con la Secretaria de Economía, el IMSS y la PROFEPA. De las Actas de Inspección que han derivado de dicho operativo hasta el pasado viernes 15 de julio, podemos sostener, como lo hemos venido denunciando desde hace muchos años, que los pocitos de carbón no tienen viabilidad como forma de extracción de carbón, debido a la imposibilidad técnica de ofrecer una salida de emergencia en caso de siniestros, por la cual puedan salir los mineros sin que su vida dependa de las labores que se realicen en el exterior del pocito. Del análisis de las Actas del señalado operativo, de 34 inspecciones realizadas a pocitos, en 17 se restringe el acceso a los trabajadores por peligro inminente; en 9 el patrón se niega a ser inspeccionado; 2 más, supuestamente “no está en operación”; y en 6, los inspectores consideran que la conexión entre pocitos en operación da por válida la salida de emergencia, aunque la norma, determina que por cada “pocito” debe haber una salida de emergencia, por lo que, esperamos, esta interpretación sea subsanada de manera inmediata. Y la PROFEPA, canceló 3 pocitos más por violar las normas de impacto ambiental. En resumen, todo esta apuntando a la petición que hemos hecho al Gobierno Mexicano, de prohibir de manera definitiva esta forma de extracción y elaborar una propuesta de reconversión a minas de arrastre, tajos y minas subterráneas a las cuales se les puede sujetar a un mayor control.

El pasado miércoles 13 de julio, la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente y el Senador Ricardo García Cervantes, Vicepresidente de la H. Cámara de Senadores presentaron un Punto de Acuerdo que será votado el día de mañana. En dicho Punto de Acuerdo se plantea gran parte del pliego petitorio que ha hecho nuestra Organización en la Audiencia del mes pasado ante esa misma Comisión, y que, como lo hemos dicho muchas veces, plantea de manera propositiva un “golpe de timón” para la minería del carbón al exhortar:

PRIMERO. Al Titular del Ejecutivo Federal para que, al no haber ninguna limitación técnica para el rescate de restos de los mineros caídos el pasado 19 de febrero de 2006, en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, ordene su reinicio inmediato.

SEGUNDO. Al Secretario de Economía para que elabore e instrumente un programa de inversión emergente, para diversificar la opción laboral en la región carbonífera del Estado de Coahuila.

TERCERO. Al Secretario de Economía que, en las licitaciones de compra de carbón para las plantas carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, se establezcan los volúmenes de compra de acuerdo con la capacidad de producción de cada mina.

CUARTO. A los Secretarios de Energía, de Trabajo y Previsión Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público a que suspendan la iniciativa de aprovechar el gas asociado al carbón, hasta que se publique la Norma Oficial de Seguridad e Higiene para los trabajadores que realizarán estas labores y un programa de inversión de las empresas que se beneficiarán de esta iniciativa, para garantizar que esta nueva actividad signifique mejoras en las condiciones de vida de las poblaciones mineras.

QUINTO. Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que instrumente un programa de recuperación ambiental de las regiones carboníferas del país.

SEXTO. Al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que inicien un programa de auditorías extraordinarias a las empresas extractivas de carbón en el país.

SÉPTIMO. Remítase copia del presente expediente a la Comisión Especial de Seguimiento a la problemática surgida por los conflictos mineros en el país, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos de su competencia

En apoyo a este Punto de Acuerdo, la Organización Familia Pasta de Conchos, visitó nuevamente absolutamente a todas las familias, quienes han empezado a entregar por escrito la actualización de sus datos y firmas para obligar al Gobierno Mexicano a que les responda.

En el marco de las Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Organización de Estados Americanos en Washington DC, tendremos una reunión con el Secretario Ejecutivo, Dr. Santiago Canton, para señalar que el Estado Mexicano continúa sin resolver sobre el Rescate en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, entregarle el Punto de Acuerdo ya citado, la información y respuesta de la Alta Comisionada de la ONU, Navanethem Pillay; el comunicado de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el análisis de las inspecciones a las minas de carbón en el actual operativo. Del resultado de esta reunión informaremos en su momento.

A una voz, ¡Rescate Ya!

Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC)
Pastoral Laboral
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL)
Contacto: familiapastadeconchos@gmail.com
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MEXICO

Boletín de prensa
Familiares de víctimas / OSC de Nuevo León

FUENTE-CENCOS.

Nosotros pensamos que la pobreza, la marginación y la discriminación eran lo peor que nos podía pasar. Somos indígenas otomíes provenientes de la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Fue a finales de los años 70 que más de 500 familias decidimos hacer del estado de Nuevo León nuestro hogar y llegamos aquí buscando incorporarnos activamente en la transformación y enriquecimiento de este gran estado, cosa que hemos hecho a fuerza de muy grandes empeños y sacrificios.

La discriminación, la marginación y la nula oferta institucional dirigida a nuestras comunidades indígenas son adversidades contra las que hemos luchado a cada momento, diariamente. Desgracia mayor para nosotros ahora que, con los problemas que actualmente vive nuestro país, hemos sido también injusta, irreparablemente dañados con la pérdida de nuestros hermanos, padres, esposos, tíos, hijos; gente que amamos.

Queremos referirnos a los hechos ocurridos el día 11 de Mayo de este año, donde 5 familiares nuestros perdieron la vida o fueron asesinados presuntamente a manos de la delincuencia organizada. En nuestra comunidad nos sentimos muy lastimados por estos hechos. En un inicio se mencionó por parte de las autoridades y los medios de comunicación que las 5 víctimas eran integrantes de la delincuencia organizada; el falso, fue aclarado posteriormente, aunque otro daño más ya estaba hecho. Se trataba de cinco hombres indígenas que se dedicaban a la albañilería, hombres de trabajo, gentes de bien, comprometidos con sus responsabilidades familiares y comunitarias. Nada más.

Hoy han pasado más de 40 días y no hay ningún elemento que nos haga suponer que se está haciendo justicia. Aunque estamos conscientes que ninguna ayuda social y económica va sustituir la gran pérdida de nuestros familiares, ningún consuelo existe, señalamos que nuestra exigencia de justicia también incluye la indispensable asistencia económica para el sustento de las familias desamparadas, apoyos laborales y educativos sostenidos para las esposas viudas e hijos huérfanos, la reposición del daño económico (devolución del vehículo donde fueron muertos y sus pertenencias) y el respaldo psicológico y médico necesario. El ejercicio de la justicia y la satisfacción concreta de nuestras demandas aportarán un poco de esperanza en que esto se detendrá.

Exigimos, con serenidad, respeto y con la responsabilidad que implica: Justicia.

Atentamente

Familiares de las víctimas

Anastasia González Torres, Karina Marcial Genaro, Rosa Martín Domingo, Margarita Blas Genaro, Javier Hernández González, Selene Hernández González, José Ricardo Julián Marcial, Juan Manuel Hernández Marcial, Karen Valencia Marcial, David Ariel González Martín

Organizaciones Solidarias

Alianza Cívica de Nuevo León AC
Enlace Potosino AC
Hñahñu Ditunge Metige .Otomíes Defendiendo lo Nuestro A.C.
Procuración de Justicia Étnica AC

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MEXICO.

Después de 11 años el Estado se compromete dar justicia a los Campesinos Ecologistas de Guerrero.

FUENTE- CENCOS.

México D.F., 22 de junio de 2011 (Cencos).- Ayer se llevó a cabo la ceremonia de compromiso para dar cumplimiento a la sentencia emitida por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el Caso de los Campesinos Ecologistas, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, donde el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro en representación del Estado mexicano se comprometió  a cumplir en tiempo y forma.

Durante la ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaria del Gobernación, Teodoro Cabrera pidió al Estado se haga justicia castigando a los elemento del ejército que lo torturaron, apuntando que estas acciones en su contra le habían dejado implicaciones de salud que hasta la fecha no ha podido superar despúes de 2 operaciones y también por el sufrimiento causado a sus familias durante estos 11 años en busca de justicia. De igual forma Teodoro señaló que debe terminar la complicidad de las autoridades que permiten que los caciques lleven a cabo la tala ilegal de arboles en la zona de Coyuca y Petatlan por el bien del medio ambiente.Rodolfo Montiel, quien por su seguridad se encuentra fuera del país, fue enlazado vía telefónica señaló que después de encontrarse con oídos sordos por parte del Estado la justicia había regresado con este acto, por lo que pidió un silencio por los defensores del medio ambiente  Ariosto Martínez, Elena Barajas, Salome Sanchez y Digna Ocha Placido caídos en la defensa de los bosques.También pidió se garantize su integridad, la de Teodoro y a la de sus familiares,  que  se lleve a cabo la investigación pertinente que castige aquellos que en su momento estuvieron implicados ya sean  militares, jueces o  ministerios públicos.Durante el enlace con Rodolfo, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, le preguntó que espera de la sentencia, a lo que contestó que fueran declarados inocentes, se investigue y castigue a los culpables, que se garantize el bienestar de los ecologistas, que salgan los militares de la zona y se modifique  el código penal ya que hay muchos presos injustamente, esperando que todo se cumpla y que no solo se quede en un acto de buena voluntad.
Por último, Rodolfo le preguntó a Felipe de Jesús Zamora Castro si después de esto el podría regresar a México, a lo que contestó el subsecretario que el Estado se encargará de cumplir con todo lo que señala la sentencia de la CoIDH, para que él pueda tomar la determinación que más le convenga; así mismo, el subsecretarío señaló que estas acciones permitirán sentar precedentes en la impartición de justicia.
Miguel Olivar Cabrera, hijo de Teodoro, y Ubalda Cortés de Montiel, esposa de Rodolfo,  pidieron al Estado se haga justica para que termine el sufrimiento que han padecido durante estos 11 años que no les permite estar con sus seres queridos y que los llevó a dejar todo por el temor de sufrir algún atentado.Por su parte, José Rosario Marroquín apuntó que, ademas de garantizar la justicia para Teodoro,  Rodolfo  y sus familias, el Estado debe garantizar la no repetición y ejecutar medidas que garantizen la labor de los defensores, se modifique el articulo 57  del Código de Justicia Militar y se homologe con base en los estandares internacionales con el objeto de poner alto a las violaciones de derechos humanos a los que habitan y transitan por el país por parte de las fuerzas armadas.
Los resolutivos que deberá cumplir el Estado a partir de la Sentencia emitida el 28 de noviembre de 2010 son:

  • a) conducir eficazmente la investigación penal de los hechos;
  • b) publicar y difundir la Sentencia en un diario de circulación nacional, en uno local y por medio de una emisión radiofónica en la zona de coyuca y Petatlan;
  • c) otorgar por una sola vez a cada una de las víctimas una suma por concepto de tratamiento médico y psicológico especializado, así como medicamentos y otros gastos conexos;
  • d) homologar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana;
  • f) implementar programas y capacitación permanentes a los funcionarios federales y del estado de Guerrero, particularmente a integrantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, Fuerzas Armadas sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que deben estar sometidos;
  • g) pagar las sumas fijadas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos;
  • Acciones que deberán ser cumplida en una año a partir de la notificación de la Sentencias al Estado.

Por su parte, José Rosario Marroquín apuntó que, ademas de garantizar la justicia para Teodoro,  Rodolfo  y sus familias, el Estado debe garantizar la no repetición y ejecutar medidas que garantizen la labor de los defensores, se modifique el articulo 57  del Código de Justicia Militar y se homologe con base en los estandares internacionales con el objeto de poner alto a las violaciones de derechos humanos a los que habitan y transitan por el país por parte de las fuerzas armadas.

El Subsecretario Zamora señaló que el Estado reconoce a la autoridad de la CoIDH, y por ello dará cabal cumplimiento a la sentencia en congruencia de los instrumentos de derechos humanos a los que México esta subscrito.

Cabe señalar que una parte del inciso b) ya fue acatado por parte del Estado mexicano publicando la sentencia en eldiario el Universal, sin embargo aún falta que se difundida por un medio radiofónico en la zona de Coyuca y Petatlán.

Por otra parte el Estado ha sido sentenciado en 4 ocasiones por la CoIDH en casos como: Campo Algodonero, Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en ninguno de estos caso el Estado ha dado cumplimiento en tiempo y forma a las disposiciones de reparación del daño a las víctimas. Un ejemplo es lanegación a modificar del artículo 57 del Código de Justicia Militar para que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas por el fuero común, resolución que ha sido dictaminada por cuarta ocasión y solicitada por diversos órganos internacionales.

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CHILE.

3 June, 2011-

Huelga de Hambre continúa y existe temor por Salud de Comuneros. Comisión Ética contra la Tortura pide la URGENTE intervención de la Comisión Interamericana de DDHH

FUENTE- MAPUEXPRESS

Insatisfacción Entre familiares y solidarios con los Presos Políticos Mapuche ante la resolución de la Corte Suprema y se adelantó que continuará la Huelga de Hambre que ya lleva 81 días. Se adelantó que se recurrirá a instancias internacionales de Derecho.

Por su parte, la Comisión Ética contra la Tortura pide la urgente intervención de la Comisión Interamericana de DDHH por huelga de hambre mapuche, el llamado se produjo minutos antes que se conozca la decisión de la Corte Suprema sobre el recurso de nulidad del juicio de Cañete, vaticinando lo que vendría.

De acuerdo a lo difundido por Radio Universidad de Chile, La Comisión Ética contra la Tortura de Chile solicitó la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el Estado de Chile debido al inminente peligro de muerte o de graves daños a la integridad física que están sufriendo José Huenuche Reiman, Ramón Llanquileo Pilquiman, Héctor Llaitul Carrillanca y Jonathan Huillical Méndez, presos mapuches que ya completan ochenta días de su segunda huelga de hambre.

Según la radio, la organización argumentó que su llamado a la CIDH se fundamenta en “la indolencia y tardanza de las autoridades del Estado chileno, para salvar la vida de estos cuatro comuneros mapuche”.

La huelga de hambre es “en protesta por el inicuo juicio que están sufriendo en aplicación de la Ley Antiterrorista impuesta durante la dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet y que ha sido condenada por vuestra Comisión -y por el conjunto de las entidades nacionales e internacionales de derechos humanos- por ser gravemente violatoria de aquellos”, explican en un comunicado difundía Radio Universidad de Chile.

Cabe mencionar que la Corte Suprema resolvió rebejar penas finalmente, lo que según Werkén Kvrruf de acuerdo a la suma de penas anteriores y la que se resolvió, suma lo siguiente:

HECTOR LLAITUL 14 AÑOS DE CARCEL

RAMON LLANQUILEO 8 AÑOS DE CARCEL

JOSE HUENUCHE 8 AÑOS DE CARCEL

JONATHAN HUILLICAL 8 AÑOS DE CARCEL

Natividad Llanquileo Vocera de los Presos Políticos Mapuches manifestó su rechazo a esta resolución e indicó que la huelga de hambre continuará y que recurrirán a instancias internacionales de derecho.

ESTADO DE SALUD

Los comuneros han mantenido una huelga de hambre por 81 días con un crítico estado de salud con más de 20 kilos de baja de peso. Héctor Lleitul según uno de sus últimos informes médicos presenta Alta miopía; meniscopatia de rodilla izquierda severa; episodio de retención urinaria; Anemia leve. Refiere encontrarse en huelga de hambre liquida desde 15 de marzo año 2011. Con un peso inicial de 93.800 kilogramos y actualmente con 68.900 Kg. Llaitul ya ha realizado otras huelgas como la del año 2007 de 80 días y 81 días año en el 2010.

Jonathan Huillical Méndez de 23 años de edad, presenta Bradicardia en estudio;. Refiere encontrarse en huelga de hambre liquida desde 15 de marzo año 2011. Con un peso inicial de 82.700 kilogramos y actualmente con menos de 60 kg. Uillical ya había realizado una huelga de hambre de 81 días en el año 2010

Ramón Llanquileo Pilquiman y José huenuche Reiman se a mantenido hospitalizados por desnutrición severa en el Hospital de la comuna de Victoria, región de La Araucanía, Chile. No hay información más detallada, dado que están en ese centro de salud pero se ha señalado que Llanquileo ha tenido un peso de los 45 kilogramos.

Gran parte de los antecedentes médicos han sido proporcionados por el Doctor Juan Carlos Reinao.

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MEXICO.

Gobierno mexicano responsable de la desaparición forzada de personas.

FUENTE. CDHFBC

En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, este Centro de Derechos Humanos se suma a la exigencia por la aparición con vida de las personas desaparecidas forzosamente en el mundo, en el continente latinoamericano, en México y en Chiapas durante el conflicto armado interno aún no resuelto donde, a través de una guerra de baja intensidad, el Estado mexicano resulta responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

La práctica de la desaparición forzada de personas, como lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, constituye un Crimen de Lesa Humanidad,1 puesto que implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los tratados internacionales como son el derecho a la vida; a la libertad personal; a la integridad personal; a la seguridad personal; a tener personalidad jurídica; protección judicial y garantías judiciales.

En Chiapas, durante el periodo más álgido del conflicto armado interno, la desaparición forzada de personas era una práctica común y, en el periodo que va de 1995 a 2001, este Centro de Derechos Humanos tiene documentado en la zona Norte del estado la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres por el actuar del grupo paramilitar “Desarrollo Paz y Justicia” (Paz y Justicia) cuyas acciones respondían a un plan de contrainsurgencia vigente desde 1994, con la finalidad de acabar con las Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y sus simpatizantes.

En ese entonces Paz y Justicia actuaba en contra de la población civil en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón, Salto de Agua y se caracterizó por la violencia utilizada a través de emboscadas, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales, torturas, la cual fue denunciada reiteradamente en su momento por este Centro de Derechos Humanos.

En una política contrainsurgente, similar a la descrita anteriormente, el 13 de noviembre de 2006, en Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, la comunidad fue emboscada por civiles armados identificados como Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) acompañados por 300 elementos de la seguridad pública, resultando el asesinato de cuatro personas y la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López, también conocido como Juan Peñate Montejo.

En este escenario, cabe resaltar que en el ámbito internacional el Estado mexicano figura como uno de los principales impulsores de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otros instrumentos internacionales en la materia. Lo paradójico es que ha realizado reservas muy claras en cuanto al fuero militar, por lo que a través de éstas, sigue permitiendo violaciones a derechos humanos perpetradas por efectivos militares, además de haber cerrado la fiscalía especial para investigar los crímenes del pasado y no efectuar las investigaciones adecuadas por la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez integrantes del Ejército Popular Revolucionario; así como mantener en la impunidad las desapariciones forzadas de las personas migrantes que cruzan el territorio mexicano.

Con respecto a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el gobierno mexicano estableció como reserva el no reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, instituido para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por las víctimas, sus familiares o representantes. Esta decisión es incompatible con la naturaleza misma del tratado y deja ver nuevamente la falta de voluntad política para emprender acciones reales para abatir y erradicar dicha práctica.

Lo que hemos constatado, a través de los casos de desaparición forzada de personas que ha documentado este Centro de Derechos Humanos, el gobierno mexicano, no respeta, ni protege, ni garantiza, en el ámbito nacional, los derechos humanos que ratifica ante la comunidad internacional, lo cual demuestra la ineficacia del sistema de justicia y la falta de voluntad a encontrar el paradero de las víctimas de estos hechos de crímenes de lesa humanidad.

Ante la situación anteriormente descrita, exigimos la aparición con vida de:

Amado Gómez Torres, desaparecido forzadamente el 7 de mayo de 1996, en Unión Juárez, Sabanilla.

Antonio González Méndez, desaparecido forzadamente el 19 de enero de 1999, en El Calvario, Sabanilla.

Basilio Gutiérrez López, desaparecido forzadamente el 6 de junio de 2001, en Misopá Chinal, Tila.

Braulio López Pérez, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, Tila.

Cándido Vázquez Sánchez, desaparecido forzadamente el 30 de septiembre de 1994 en El Crucero, Tila.

Carmelino Pérez Jiménez o Carmelo Pérez López, desaparecido forzadamente el 5 de junio de 1996 en Los Moyos Sabanilla.

Carmelino Vázquez Sánchez, desaparecido forzadamente entre el 12 y 17 de junio de 1996 en Patastal, Tila.

Cruzindo Álvarez Jiménez, desaparecido forzadamente el 19 de junio de 1996 en Jesús Carranza, Sabanilla.

Domingo Jiménez Sánchez, desaparecido forzadamente el 2 o 3 de septiembre de 1996 en Rancho Santa Rosa, ejido Huanal, Tila.

Domingo Ortiz Gutiérrez, desaparecido forzadamente el 25 de junio de 1996 en Panchuc Corozil, Tila.

Domingo Pérez Martínez, desaparecido forzadamente en junio o julio de 1996, zona Norte.

Emilio Martínez Pérez, desaparecido forzadamente el 10 de septiembre de 1996, en Masojá Grande, Tila.

Encarnación Pérez Pérez, desaparecido forzadamente el 12 de agosto de 1996 en Masojá Chico, Tila.

Fernando López Martínez, desaparecido forzadamente el 19 de junio de 1996 en Jesús Carranza, Sabanilla.

Florencio Gutiérrez Vázquez, desaparecido forzadamente el 3 de junio de 1996 en zona Norte.

Florentino Pérez Sánchez, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995 en el municipio Tila.

Guadalupe Hernández Jiménez, (indígena Chol) desaparecido forzadamente el 4 de junio de 1996, Los Moyos, Sabanilla.

Guadalupe Sánchez López, desaparecida forzadamente el 25 de junio de 1995 en Pachuc Corozil, Tila.

Gustavo Hernández Parcero, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, en El Crucero, Tila.

Hermelinda Pérez Torres, desaparecida forzadamente el 21 de junio de 1996, en Miguel Alemán, Tila.

Juan Ramírez Torres, desaparecido forzadamente el 4 o 5 de junio de 1996, en Miguel Alemán, Tila.

Lorenzo García García, desaparecido forzadamente el 20 de noviembre de 1994, Tzaquil, Tila.

María López Méndez, desaparecida forzadamente el 24 de marzo de 1995, Emiliano Zapata, Tumbalá.

María Rebeca Pérez Pérez, desaparecida forzadamente el 12 de agosto de 1996, Masojá Chico, Tila.

Mateo Arcos Guzmán, desaparecido forzadamente el 1 de agosto de 1997, Aguascalientes, Tila.

Mateo Jiménez López, desaparecido forzadamente el 24 de mayo de 1996, Usipá, Tila.

Mateo Méndez Jiménez, desaparecido forzadamente el 24 de mayo de 1996, Usipá, Tila.

Miguel López López, desaparecido forzadamente el 4 de septiembre de 1996, municipio Tila.

Miguel Parcero Parcero, desaparecido forzadamente el 1 de agosto de 1997, 1 de Enero de 1997.

Minerva Guadalupe Pérez Torres, desaparecida forzadamente el 20 de junio de 1996, Miguel Alemán, Tila.

Oscar Jiménez Jiménez, desaparecido forzadamente el 19 o 20 de junio de 1996 en Pachuc Corozil, Tila.

Pascual Ortiz Sánchez, desaparecido forzadamente el 25 de junio de 1995, Panchuc Corozil, Tila.

Pascual Ramírez Gómez, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, municipio Tila.

Pedro Álvaro Arcos, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, municipio Tila.

Ramón Ramírez López, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, municipio Tila.

Sebastián Vázquez Martínez, desaparecido forzadamente el 14 o 15 de agosto de 1996, municipio Tila.

Gerónimo Gómez López, desaparecido forzadamente el 20 de diciembre de 2000 en Simojovel.

José Hidalgo Pérez, desaparecido forzadamente el 10 de junio de 1999, San Cristóbal de Las Casas.

Antonio Guzmán González, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.

Fernando Ruiz Guzmán, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.

Marco Guzmán Pérez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.

Doroteo Ruiz Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.

Diego Aguilar Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.

Eliseo Hernández Cruz, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.

Eusebio Jiménez González, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juan,

Ocosingo.

Santiago Pérez Méndez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juan, Ocosingo.

Marcos Pérez Córdoba, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juan, Ocosingo.

Juan Mendoza Lorenzo, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Miguel, Ocosingo.

Elíseo Sánchez Pérez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Miguel, Ocosingo.

Leonardo Méndez Sántiz, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Garrucha,

Ocosingo.

Carmelo Méndez Méndez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Carmen Pataté, Ocosingo.

Javier Hernández López, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Carmen Pataté,

Ocosingo.

Enrique González García, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.

Marcelo Pérez Jiménez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.

Manuel Sánchez González, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.

Nicolás Cortez Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.

Vicente López Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.

Javier López Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Nuevo Suchilá,

Ocosingo.

Alejandro Sánchez López, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Galeana, Ocosingo.

Enrique Hernández Vázquez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Martinica, Ocosingo.

Juan N, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Ibarra, Ocosingo.

Floriberto López Pérez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Sultana, Ocosingo.

Pedro López García, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Sultana, Ocosingo.

Alfredo Sánchez Méndez, desaparecido forzadamente en enero de 1994,, La Sultana,

Ocosingo.

Santiago Ramírez Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juanito, Ocosingo.

Apolinar López López, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Francisco,

Ocosingo.

Rogelio García García, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Carmen Chiquito,

Ocosingo.

Silverio Gómez Alvarez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Norte de Chiapas, Ocosingo.

Bartolo Pérez Cortés, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.

Marcos Gómez Velasco, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Chanal, Ocosingo.

Arturo Aguilar Jiménez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Yaxkul, Ocosingo.

Francisco Gómez Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Sultana, Ocosingo.

Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López, también conocido como Juan Peñate Montejo, desaparecidos forzadamente el 13 de noviembre de 2006 en Viejo Velasco, Ocosingo.

Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos forzadamente el 24 de mayo de 2007, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Los y las migrantes desparecidas forzosamente en territorio mexicano.

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Fuente: noticias uruguayas

Unas 100 mil personas ­según los organizadores del evento y el Ministerio del Interior­ volvieron a marchar anoche por verdad y justicia. Los manifestantes, en una gran proporción jóvenes, recorrieron 18 de Julio en silencio.

Ricardo Daher  –  Mauricio Pérez / La Republica

Multitud. Unas cien mil personas asistieron a la marcha de silencio.
Multitud. Unas cien mil personas asistieron a la marcha de silencio.
Luisa Cuesta y Milka González. Abrieron la movilización.
Luisa Cuesta y Milka González. Abrieron la movilización.
La ausencia de público en el Parlamento, cuando se discutió y se rechazó la ley interpretativa, se convirtió en multitud este 20 de mayo, cuando se volvió a recordar a los detenidos desaparecidos y con ellos a todas las víctimas de la dictadura militar.
Bajo la consigna “Verdad y Justicia derecho de todos, responsabilidad del Estado”, decenas de miles de personas marcharon en silencio desde la Plaza de los Desaparecidos, en la esquina de Jackson y Rivera, hasta la Plaza Cagancha.
La manifestación fue encabezada como en anteriores oportunidades por los familiares de detenidos desaparecidos portando retratos de sus familiares.
La marcha convocada para las 19 horas, se armó rápidamente, también como en otras ocasiones. En pocos minutos los centenares de personas que esperaban en la plaza y las aceras, se convirtieron en miles. Sin banderas partidarias, sólo uruguayas, y con carteles alusivos a la convocatoria. “Queremos futuro con verdad y justicia” manifestaban Hijos, “Justicia no es venganza”, expresaba otro cartel.
Dirigentes políticos del gobierno y la Intendencia de Montevideo se mezclaron en la marcha, sin que nadie increpara la votación de ayer, aunque el comentario era: “¿Qué están haciendo acá?”.
Entre los manifestantes resaltaban los senadores Ernesto Agazzi, Mónica Xavier, Enrique Rubio, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, los ministros Eduardo Brenta y Daniel Olesker. El subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, Javier Miranda, director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación, la ministra de Desarrollo Social, Ana María Vignoli, el ministro de Turismo, Héctor Lescano, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, el secretario general, Ricardo Prato, el director de Desarrollo Económico Luis Polakof, director de Cultura, Héctor Guido, los diputados Daisy Tourné, Julio Bango, Luis Puig, Oscar Groba, José Bayardi, Felipe Michelini, el ex intendente Mariano Arana, entre otros dirigentes.
Como es tradicional, al llegar la marcha a la explanada municipal, se mencionaron los nombres de los detenidos desaparecidos, mientras la multitud respondía presente.
Después la marcha continuó bajo un aplauso cerrado hasta la Plaza Cagancha donde se cantó el himno nacional.
La décima sexta Marcha del Silencio, recuerda el día en que fueron encontrados asesinados los legisladores Zelmar Michelini, del Frente Amplio, y Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, y de los militantes William Whitelaw y Rosario Barredo, en Buenos Aires en 1976.
Al concluir la marcha, la ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli, aseguró que la Ley de Caducidad “tiene que desaparecer”. “No me interesa el costo político. Lo que me interesa son todos los compañeros que murieron, desaparecieron y los niños que robaron los militares. Que vayan presos y que paguen como tienen que pagar las atrocidades que hicieron”, expresó Vignoli a LA REPÚBLICA.
En tanto, Juan Raúl Ferreira, hijo del extinto líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, aseguró que la “Marcha del Silencio” realizada ayer tuvo “una significación muy especial”. “Lo más formidable es la emoción que nos ha embargado a gente que no siempre hemos estado en la misma vereda, pero que hoy nos hemos sentido muy unidos en la esperanza de que vuelva a salir el sol”, expresó. Sin embargo, Ferreira reconoció que le gustaría ver más dirigentes del Partido Nacional participando de la marcha. “No sé (por qué no participan) pero me gustaría que no fuera así”, señaló. A su vez, el senador Eduardo Lorier (PCU) consideró que la “Marcha del Silencio” es una manifestación “histórica para los uruguayos todos, que marca un antes y un después de su existencia”. La marcha “nos da nuevas fuerzas para seguir peleando por verdad y justicia.
En este sentido, el legislador estimó que la reciente votación parlamentaria no es el final, porque “se abre una nueva etapa con todo un abanico de propuestas”.
Por su parte, el senador Ernesto Agazzi (MPP) estimó que la marcha tendría relevancia más allá de la aprobación del texto interpretativo. “Esta marcha no se arregla con una ley, porque la impunidad es una cosa que tiene raíces en una sociedad injusta y permea en todos los niveles”, expresó Agazzi.
En este sentido, el legislador estimó que “contra la impunidad tenemos que luchar siempre, como orden de valores”. “(La impunidad) se quiebra con una cultura democrática que la tenemos que construir entre todos quienes estamos comprometidos en construir una sociedad mejor, agregó Agazzi.

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MEXICO-

MIEMBROS DEL EJERCITO DE DIOS DISPARAN A INTEGRANTES DE LA OTRA CAMPAÑA EN MITZITON.

FUENTE LA JORNADA.

La agresión, tras participar en la marcha por la justicia.

El pueblo organizado de Mitzitón, adherente a la otra campaña, denunció agresiones y disparos de miembros del denominado Ejército de Dios durante y después de la marcha de las bases de apoyo del EZLN y la otra campaña en el centro de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el sábado pasado.

Ante la masiva movilización zapatista y de la otra campaña, sostienen los indígenas, “el gobierno rápidamente responde a nuestra muestra de organización civil y pacífica de la única manera que sabe: con violencia, hoy en manos de sus paramilitares, mañana con su policía”.

Los ejidatarios refieren que ese día se sumaron a la Marcha Nacional por la Justicia y contra la Impunidad, “junto a nuestros compañeros bases de apoyo zapatistas de los cinco caracoles y adherentes a la otra campaña; 120 hombres y mujeres nos trasladamos a San Cristóbal, el resto de las familias se quedaron en la comunidad realizando sus trabajos cotidianos”.

Aproximadamente a las 13 horas “unas compañeras estaban pastando sus borregos en terrenos que colindan con la 31 Zona Militar de Rancho Nuevo”, cuando les empezaron a disparar. “Lograron ver a dos paramilitares agresores, pero sólo reconocieron al hijo de Roberto Vicente Pérez, conocido paramilitar dueño de la camioneta utilizada en el ataque que sufrimos el 13 de febrero, y que gracias a la impunidad y complicidad que tienen con el mal gobierno salió libre, aunque hubo muchas pruebas del ataque armado y un compañero fue gravemente herido”.

Pasadas las 19 horas del sábado “estábamos llegando de la marcha cuando escuchamos cuatro detonaciones”. Más de una hora después, “otra vez, los paramilitares hicieron disparos”. Los policías apostados en la comunidad “decían que ya habían reportado la situación a su comandante, pero a nosotros nos decían que eran cuetes”. Dos agresores fueron reconocidos: Andrés Jiménez Hernández Segundo y Pascual Zainé Díaz Jiménez. Alcanzaron a ver otro, “pero no sabemos si había más”.

A las 21 horas, añaden, “Gregorio Gómez Jiménez, líder de los paramilitares del Ejército de Dios, daba vueltas con su camioneta, de su casa a la carretera internacional, y se metía en la terracería, como buscando a alguien de nosotros, (por si) caminaba solo para agarrarlo”. Aún ahora “continúan la tensión y las amenazas”.

Recuerdan que el 3 de mayo la prensa local publicó una declaración del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ernesto Jáuregui Asomoza, diciendo que el proyecto de la autopista San Cristóbal-Palenque “no está muerto y que se llevará a cabo tal como fue trazado”.

Señalan: “Ha de ser por eso y porque ven que seguimos organizados y no estamos solos, que nos quieren provocar, torturar, reprimir y asesinar, para que dejemos de defender nuestro territorio. El mal gobierno de Juan Sabines y de Felipe Calderón ha de pensar que así nuestra mente sólo se va ocupar del miedo y en defendernos de los paramilitares, pero no olvidamos los motivos de nuestra lucha, los derechos que tenemos como pueblos indígenas, la defensa de nuestra tierra y territorio y la construcción de nuestra autonomía”.

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