INFORME

ARGENTINA

 

INFORME SOBRE LA COMUNIDA QOM EN LA PRIMAVERA-FORMOSA: “GACETILLAS ARGENTINAS” PROF JUAN CARLOS SÁNCHEZ

Comunidad La Primavera
Parece que nada importa tras 5 meses de acampe y la constitución de una Mesa de Diálogo, porque las problemáticas siguen sin resolverse.

Para darnos una idea de lo que acontece con los pueblos originarios en la Provincia de Formosa, les acercamos este pequeño panorama…

1. La situación socio – sanitaria

Félix Díaz siempre nos recuerda la precaria situación en la cual se encuentran. Una de sus facetas es la sanitaria, donde las estadísticas nos suelen marcar un indicio acerca de la realidad. Por supuesto, más allá de la cifra negra que encierran pues, como bien sabemos, las autoridades sanitarias ordenan el cambio de las causas de muerte para disminuir la tasa de mortalidad.

Según el Anuario 2010 elaborado por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación (1), la tasa de mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires es de 7,0; en Formosa, es del 17,8 y en nuestro país, el promedio es de 11,09; mientras que la tasa de mortalidad materna es de 0,9; 16,2 y 4,4 respectivamente.

Como se podrá advertir, es elevadísima la tasa de mortalidad infantil y materna en la provincia gobernada por Gildo Insfrán. Pero hay más. La última viene creciendo sustancialmente: en el 2008 fue de 11,5; en el 2009, de 15,0 y llegó al 16,2 en el 2010, como habíamos mencionado anteriormente.

Estos indicadores están muy relacionados con la situación de pobreza y de indigencia, pero también a una política sanitaria que desdeña la prevención y que no tiene en cuenta la particular cultura de los pueblos originarios. Por eso, desde la Comunidad La Primavera, afirman que “dentro de este cuadro dramático somos los indígenas quienes sufrimos la peor situación sanitaria”.

Y ellas y ellos mismos lo cuentan: “muchas mujeres indígenas temen ir a parir a los hospitales no sólo por el mal trato, sino porque muchas veces nos dicen que nuestros hijos fallecieron y volvemos a nuestras casas sin nada. Ni acta de defunción nos quieren hacer”.

Resulta reveladora la causa por la cual no quieren ir a los hospitales. Sin dudas, existe una política sistemática de exterminio y ello puede ser fácilmente advertido cuando cuentan que las comunidades, en su gran mayoría, no cuentan con Salas de Primeros Auxilios; que los médicos vienen una vez por semana, con mucha suerte; que no hay medicamentos para ellas y ellos, y ni siquiera respetan la normativa vigente, acerca de los agentes sanitarios indígenas, una de las modalidades para acercar la medicina tradicional a los pueblos originarios.

De allí que lo informado por el gobierno, constituyen meras apariencias. En general, cuando un indígena es nombrado, con seguridad es un puntero político de Insfrán.

Es conocida la gran extensión del Mal de Chagas en la región, incluída la provincia, pero no fumigan las casas contra la vinchuca. Por acción u omisión, el Gobierno provincial instrumenta el exterminio.

Con respecto a los hospitales, ellos mismos cuentan como son discriminados por su propia condición. Si esto no es otra Campaña al Desierto, en realidad, poco le falta…

El Gobierno provincial aparenta las maravillas de la provincia, cada vez que las y los periodistas mediáticos llegan allí. Simplemente les muestra el circuito que tienen armado y les agendan entrevistas a sus punteros políticos indígenas, como también a los médicos y directores de escuela que son adictos al insfranismo.

No obstante ello, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) viene denunciando esta situación con respecto a las tasas que hemos mencionado sino también acerca del estado del sistema sanitario provincial en general.

Mientras tanto, el Gobierno “de los Derechos Humanos” mira para otro lado. Prefiere sentarse sobre los votos de Insfrán, antes que solucionar los problemas de quienes también forman parte de nuestra Argentina. Lo peor de todo es el incumplimiento de velar por las comunidades indígenas, tal como lo establece la Constitución Nacional en el inciso 17 del Art. 75.

2. Tierra y política: Una relación compleja.

Cuando el poder político es aliado de los terratenientes, como en el caso de Insfrán y todos los Celias habidos y por haber, puede ocurrir que la trama política se vuelque a favor del poder económico.

De allí, la pregunta de la Comunidad La Primavera: ¿Por qué las tierras de la comunidad siguen en manos de Cristino Sanabria?

Ellos mismos recuerdan las circunstancias políticas por las cuales atravesaron para la elección de sus representantes. En el 2008, cumpliendo todos los requisitos y con la presencia de veedores nacionales, eligieron a Félix Díaz pero, posteriormente, la Dirección de Personería Jurídica provincial anuló la elección y los apercibió, como también rechazó un pedido de reconsideración que presentaran. Nada nuevo bajo el sol, cuando se trata de buscar imponer a Cristino Sanabria, puntero de Insfrán.

Tras la conformación de la Mesa de Diálogo, durante el año pasado, el Ministerio del Interior de la Nación organizó una elección en la Comunidad, con pleno acuerdo de la Provincia y con la veeduría de representantes de los organismos de Derechos Humanos, tales como SERPAJ, CELS, APDH y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora y del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo de la Nación

La estrategia del Gobierno provincial fue comprar las voluntades, aprovechando el estado de necesidad en la cual se encuentran muchas y muchos integrantes de la Comunidad. Sin embargo, Félix Díaz fué reelecto por amplia mayoría, lo cual hemos informado por este medio en su oportunidad.

Tras la derrota de su candidato, el Ministro González “dejó de participar de la Mesa de Diálogo y su enviado en la segunda reunión se levantó y se retiró de la misma”, según afirmaron desde la Comunidad.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) recibió la documentación y reconoció la personería, reglamento y autoridades, tras una nueva elección como autoridad principal del Qarashe Félix Díaz.

Sin embargo, el título comunitario de la tierra sigue en poder del puntero Cristino Sanabria, según lo viene denunciando Díaz.

Evidentemente, es una forma de desconocer la elección de la autoridad en el seno mismo de la Comunidad. Peor aún, se incumple el principio de autodeterminación establecido en la normativa vigente sobre los pueblos originariios.

Con una enorme perversidad, la Provincia reconoce la autoridad de Cristino y la Nación, la de Félix. Una forma de promover un conflicto en el interior de la Comunidad.

3. Las promesas incumplidas

Jamás se cumplió con lo prometido en la Mesa de Diálogo, acerca de la cuestión de la documentación personal (DNI), los planes de agua corriente, la facilitación del diálogo entre las partes y las garantías de seguridad a los integrantes de la Comunidad. Todo ello fue dado por cumplido por el Ministro Randazzo (2) y ello está lejos de la realidad que viven.

Y ellos mismos nos cuentan que “seguimos contando con gente indocumentada, jamás el INADI concretó el acuerdo con Médicos del Mundo y la situación sanitaria sigue siendo crítica, nunca hubo un plan de agua corriente y en estos momentos padecemos temperaturas altísimas y debemos mendigar agua por todos lados y a los que nos niegan debemos tomar de los esteros, el diálogo con la provincia no existe pues se retiró de la Mesa cuando quisimos hablar sobre el territorio una vez que cumplimos con la elección, con las agresiones sufridas por parte de la familia Diaz y las casas quemadas de hermanos es más que evidente que no tenemos garantías de seguridad”

Resulta claro que no existe voluntad política para “diseñar y gestionar programas concretos junto a las autoridades de la comunidad”, como ellos afirman.

Las cuestiones derivadas del “conflicto territorial y las superposiciones de mensuras con el Parque Nacional, con la Provincia, con la familia Celia así como la presencia de criollos dentro de nuestra comunidad nunca se resolvieron”.

Sin embargo, las agresiones continuaron y buscan el desgaste para lograr el abandono de las tierras por parte de los integrantes de la Comunidad.

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CHILE

Corte de Apelaciones de Temuco dictamina que no se podrán utilizar bombas lacrimógenas al interior de comunidades

Los tribunales de justicia acogieron el recurso de amparo solicitado por la comunidad Wente Winkul Mapu de Ercilla, que denunciaban que las bombas estaban generando graves impactos en la salud de sus integrantes, especialmente niños y mujeres.

Texto: Mapuexpress Foto: Felipe Duran

Un fuerte golpe al desproporcionado actuar de la policía militarizada le propinó hoy la Corte de Apelaciones de Temuco al acoger el recurso de amparo en favor de los integrantes de la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu del sector Chequenco de Ercilla.

La comunidad denunciaba que durante los allanamientos ocurridos a comienzos del mes de noviembre hubo un uso excesivo de bombas lacrimógenas lo que derivó en serios problemas de salud de los integrantes de la comunidad.

El abogado Nelson Miranda, señaló a Radio Bío-Bío que esto hacía referencia al uso desproporcionado de fuerza que utiliza la policía militarizada chilena al hacer ingreso en las comunidades mapuche. Según la misma radio, la resolución detalla que Carabineros deberá abstenerse de realizar actos de violencia contra mujeres, niños y de lanzar bombas lacrimógenas en los patios de las viviendas particulares de esta comunidad.

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Informe preliminar sobre las violaciones a derechos humanos contra estudiantes de Ayotzinapa en Chilpancingo.

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FUENTE: CENTRO DE MEDIOS LIBRES

17 de diciembre de 2011.- El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón publican un Informe preliminar sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre pasado.

El informe está dividido en 6 partes: I.- Presentación, II.- La Normal Rural Isidro Burgos, III.- Ayotzinapa ante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, IV.- El operativo del 12 de diciembre: violaciones a derechos humanos,
V.- Consecuencias políticas de los hechos y VI. Conclusiones.

Aquí les presentamos el texto completo:

“EL GOBERNADOR ME ORDENÓ LIMPIAR Y LA CARRETERA ESTÁ LIMPIA”

INFORME PRELIMINAR SOBRE LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS COMETIDAS EN CONTRA DE LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2011, EN CHILPANCINGO, GUERRERO.

I. Presentación

Al ser cuestionado por la prensa guerrerense sobre la violenta represión en que fueron privados arbitrariamente de la vida Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, el hoy, Ex¬Subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, General Ramón Miguel Arriola Ibarra respondió: “El gobernador me ordenó limpiar la carretera y la carretera está limpia”1.

La respuesta, tan contundente como atroz, pone en evidencia la naturaleza y los alcances del modo en que el Gobierno del Estado de Guerrero, respaldado en todo momento por las corporaciones federales con presencia en la entidad, se enfrentó a la protesta que los estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, llevaron a cabo el 12 de diciembre de 2011.

Pero aun siendo evidente la lógica con que se diseñó y ejecutó el operativo, su impacto en los derechos humanos no tiene precedente en los años recientes: dos jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente; tres jóvenes fueron heridos por impactos de proyectil de arma de fuego; 24 personas fueron privadas arbitrariamente de la libertad; y al menos una persona fue torturada.

Los hechos han sacudido al estado. El Procurador General de Justicia, el Secretario de Seguridad y el Subsecretario de Prevención y Operación Oficial presentaron su renuncia, mientras que diversas organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron al Gobernador Ángel Aguirre una investigación expedita, eficaz e imparcial.

Habiendo transcurrido poco tiempo a partir de los hechos y cuando apenas comienza a fluir la información, la Red Guerrerense de Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” presentamos a la sociedad este Informe Preliminar sobre lo ocurrido como un primer esfuerzo contribuir al esclarecimiento de los hechos y reiterar la enérgica demanda de justicia respecto de la privación arbitrara de la vida de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, a cuya memoria se dedican estas líneas.

Para ello, el presente informe presenta una primer apartado sobre la Normal Rural Isidro Burgos; enseguida, elaboramos un breve recuento obre las más recientes movilizaciones de los estudiantes de Ayotzinapa; enseguida, detallamos lo acontecido el 12 de diciembre, destacando las violaciones a derechos humanos documentadas; finalmente, presentamos las demandas relacionadas con la investigación de los hechos y la sanción de los responsables.

II. La Normal Rural Isidro Burgos

En México, las normales rurales fueron creadas en las postrimerías de la Revolución como una alternativa para permitir el acceso a la educación de los hijos y las hijas de las familias campesinas. Más de treinta instituciones educativas de este modelo surgieron en el país y formaron durante décadas a los maestros y maestras que llevaron las primeras letras a las comunidades más aisladas del país.

Sin embargo, desde hace varios años las normales rurales sufren un duro embate, manifestado tanto en recortes presupuestales como en el cierre de planteles y en la discriminación laboral en contra de sus egresados y egresadas, provocado por el auge de un modelo educativo que desdibuja las especificidades pedagógicas de la educación en el ámbito rural. Todo ello bajo el amparo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se ha caracterizado por su hostilidad en contra del normalismo de corte rural.

La Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero, a unos cuantos kilómetros de la capital del Estado es un de las 16 instituciones educativas de su género que sobreviven a este embate. Integrada por alrededor de 500 estudiantes que asisten a su formación bajo la modalidad del internado, los estudiantes de “Ayotzi” se han caracterizado siempre por su tesón solidario. De esa normal egresaron figuras que aun hoy son recordadas en el movimiento social guerrerense, como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar.

Pero a pesar de su larga tradición, la Normal Rural Isidro Burgos también ha padecido los estragos del modelo educativo vigente. Por ello, año con año sus estudiantes se han visto en la necesidad de ejercer su derecho a la protesta para elevar en el debate público sus demandas, vinculadas frecuentemente a la satisfacción de las más elementales demandas: ampliación de la matrícula, condiciones dignas para el internado y futuro laboral para los egresados.

Las acciones de protesta realizadas el 12 de diciembre de 2011 formaban, como enseguida se detalla, parte de ese ciclo de movilizaciones.

III. Ayotzinapa ante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero

Cada año, las y los estudiantes de Ayotzinapa se organizan durante el mes de septiembre para presentar al Gobernador y a la Secretaría de Educación diversas peticiones para asegurar la subsistencia del plantel.

En este 2011, la movilización cobró un cariz particular. Las y los estudiantes, dando un bono de confianza a la administración entrante tras la cerrazón que caracterizó a la saliente, recibieron el 26 de septiembre al Gobernador Ángel Aguirre Rivero en su plantel y le plantearon personal y directamente sus demandas. Éstas no eran de difícil cumplimiento: incremento de la cuota diaria de alimentación por estudiante, hoy en $35 pesos; mejoras de infraestructura en el plantel; aumento de la matrícula; revisión del promedio aprobatorio de primer ingreso y becas para las y los egresados.

Sin embargo, la visita del Gobernador no fue seguida de acciones que demostraran en los hechos el compromiso contraído en el discurso. En respuesta, las y los estudiantes demandaron una respuesta personal del mandatario, que había empeñado su palabra. De ahí surgió la exigencia de sostener un diálogo franco y abierto con el Gobernador en una audiencia.

Pero la audiencia no les fue concedida a los normalistas. El gobernador Aguirre acordó una audiencia para el 4 de octubre pero, sin cuidado de las formas, la pospuso hasta el 9 de noviembre. Mientras tanto, un nuevo conflicto se suscitó ante el intento -avalado por el gobierno estatal- de imponer a un Director rechazado por los estudiantes. Las clases fueron, a raíz de esta nueva circunstancia suspendidas desde el 2 de noviembre.

Llegado el 9 de noviembre, los estudiantes y el mandatario se reunieron, pero no hubo una respuesta concreta de este último a las solicitudes de los futuros docentes. La cita se reprogramó para el 29 de noviembre, pero también fue cancelada sin previo aviso, de tal suerte que se pospuso hasta el 6 de diciembre.

Cuando llegó la nueva fecha, las y los estudiantes de Ayotzinapa fueron informados que la reunión de trabajo sería aplazada nuevamente. Ante la displicencia del gobierno estatal, tras meses de diálogo infructuoso, los estudiantes de Ayotzinapa se vieron orillados a recurrir a un amplio repertorio de acciones colectivas de protesta para hacer oír su voz. Así, el 7 de diciembre a través de cinco radiodifusoras presentaron sus demandas y denunciaron el desdén con el que eran ignorados e ignoradas. Nada ocurrió.

El 8 de diciembre, las y los estudiantes de Ayotzinapa tomaron una de las casetas de cobro de la Autopista del Sol. La repuesta del gobierno fue a través de la fuerza pública, que se desplegó en las inmediaciones de la caseta de Palo Blanco. Ante el amago, las y los normalistas se replegaron prudentemente.

Las semanas transcurrían sin que las y los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos fuesen escuchados y escuchadas. En ese contexto, los normalistas de Ayotzinapa determinaron en Asamblea realizar una nueva acción de protesta para visibilizar su lucha: determinaron que bloquearían temporalmente uno de los accesos a la ciudad de Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011.

IV. El operativo del 12 de diciembre: violaciones a derechos humanos

El 12 de noviembre de 2011, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, un grupo de más de 300 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos descendieron de varios autobuses y vehículos para iniciar un bloqueo sobre la pista asfáltica de la Carretera Federal que une al Distrito Federal con Acapulco y que atraviesa a la ciudad de Chilpancingo. La protesta estudiantil se desplegó hacia el sur de la ciudad de Chilpancingo, enfrente del conocido hotel “Parador del Marqués” en las inmediaciones de una gasolinera donde suelen abastecerse de combustible quienes viajan hacia la costa guerrerense.

La demanda de las y los estudiantes era la misma que habían reiterado por varios meses: ser recibidos y recibidas por el Gobernador Ángel Aguirre para tener una respuesta concreta a los compromisos que el mandatario había contraído ante los y las normalistas en su visita a Ayotzinapa del 26 de septiembre de 2011.

Sin embargo, ante la nueva protesta de las y los normalistas la respuesta fue el despliegue de la fuerza pública. Al poco tiempo de que el bloqueo se había instalado, sin que previamente se priorizaran o agotaran canales de diálogo político y sin que se apersonaran en el lugar funcionarios con capacidad de interlocución de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero.

Alrededor de las 12:00 del día, aparecieron en el sitio elementos de la Policía Federal Preventiva quienes portaban armas largas, a los pocos minutos llegaron policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, encabezados por el Subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, General Ramón Miguel Arriola Ibarra. También se encontraba ahí Moisés Alcaraz, Director de Gobierno de la Secretaría de Gobierno del Estado.

Quienes se encontraban en el lugar, tampoco privilegiaron el diálogo. Los hechos que siguieron de conformidad con los testimonios, es que elementos de la Policía Preventiva Estatal comenzaron a lanzar gases lacrimógenos en contra de las y los estudiantes. La orden de conformidad con los testimonios, provino de las propias autoridades estatales.
La situación fue escalando. Se nos informó que pronto llegaron al lugar más refuerzos de la Policía Federal, algunos de ellos portando armas largas, quienes hicieron los primeros disparos al aire.

A partir de entonces, los eventos se precipitaron vertiginosamente. Algunos estudiantes se pertrecharon cerca de la gasolinera. Ahí, una bomba despachadora entró en llamas, incrementando la crispación. Mientras tanto, según coinciden tanto los testimonios de quienes presenciaron los hechos como las crónicas periodísticas publicadas en los distintos medios de comunicación, arribaron al lugar varios elementos de la Policía Investigadora Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, portando armas de grueso calibre y vestidos de civiles, sin ninguna insignia oficial visible que los distinguiera como miembros de este cuerpo policial, quienes sin tener elementos mínimos de información sobre lo que ocurría comenzaron a abrir fuego en contra del lugar donde se concentraba el grueso de los estudiantes que ya para entonces se confundían con otras personas que habían descendido de sus vehículos por el bloqueo de la carretera sin saber lo que ocurría.

Los disparos de arma de fuego se prolongaron entre las 12:10 y las 12:35, llegando a ser de una intensidad inusitada por momentos. Pero no se trataba de un enfrentamiento: nadie en el lado de los estudiantes disparaba en contra de los policías estatales, ministeriales y federales, quienes abrían fuego indiscriminadamente contra las y los estudiantes.

Cuando los disparos terminaron, las y los estudiantes ya se habían dispersado. A pesar de ello, fueron perseguidos por los elementos de las diversas corporaciones, incluyendo a la Policía Federal que sometió con particular violencia a varios estudiantes, hasta los lotes baldíos que se encuentran en las faldas del cerro situado cerca del lugar de los hechos, donde las y los jóvenes se escondieron, mientras llegaban a la zona tres vehículos militares.
Las detenciones arbitrarias se prolongaron durante más de una hora, en ese momento, miembros de las fuerzas armadas mexicanas llegaron al lugar de los hechos donde terminaron de acordonar el lugar y, finalmente reabrir la carretera federal después de las 14:00 horas. Es decir, que con la participación de miembros del Ejército mexicano, el desalojo y represión de los estudiantes de Ayotzinapa tuvo la participación de cuatro cuerpos de seguridad de nivel federal y estatal. En este sentido, los indicios muestran que la coordinación interinstitucional entre las diversas corporaciones se dio en el marco de las acciones impulsadas como parte del Operativo “Guerrero Seguro”.

Tras el operativo, los organismos de derechos humanos documentaron las siguientes violaciones:

a) Ejecución extrajudicial de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús

Tras el fallido “operativo”, se comprobó que dos jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron privados arbitrariamente de la vida al haber sido lesionados por impactos de bala, quedando sus cuerpos tendidos en la cinta asfáltica de la autopista después de los incidentes.

Más tarde se sabría que se trataba de los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, oriundos de Atoyac de Álvarez y Tixtla respectivamente, de 19 y 20 años de edad, de familias campesinas que habían ingresado a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos con el anhelo de convertirse en docentes para las comunidades rurales guerrerenses.

Al momento de elaborar el presente informe preliminar, aún se desconocen los resultados de la necropsia practicada a sus cuerpos, sin que exista información fiable sobre el tipo de heridas que presentaron y el calibre que las ocasionó, si bien en los medios de comunicación se informó que podría tratarse de un calibre grueso.

Las muertes de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús no debieron haber ocurrido. Desde la perspectiva de derechos humanos, se trata de dos ejecuciones extrajudiciales causadas por un uso excesivo, desproporcionado e irracional de la fuerza pública caracterizado por un empleo innecesario de la fuerza letal.

b) Detención arbitraria de 24 personas seguida de tratos crueles

En los hechos del 12 de diciembre de 2011, 24 personas fueron víctimas de detención arbitraria y fueron llevadas a los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Los detenidos fueron 23 hombres y solo una mujer; del grupo de detenidos, sólo 9 de los 24 son estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La gran mayoría fueron personas ajenas a los hechos, detenidas en los momentos posteriores a que terminaron los disparos efectuados por las corporaciones policiales.

Así por ejemplo, destaca el caso de 10 jóvenes estudiantes que ante los organismos de derechos humanos refirieron ser alumnos de la carrera de Economía y del Tecnológico de Chilpancingo, quienes fueron detenidos tiempo después de los hechos, cuando transitaban por el lugar en que estos ocurrieron al no poder transitar por la cinta asfáltica los vehículos que tripulaban. Los estudiantes, de acuerdo con su testimonio fueron detenidos por el sólo hecho de ser jóvenes y como parte de un intento de vincularlos con los normalistas de Ayotzinapa.

La gran mayoría de los detenidos -de los 24, 18 no contaban con más de 25 años- desmiente la información difundida por el gobierno estatal sobre la presunta participación de personas ajenas a la Normal de Ayotzinapa en la manifestación que, de acuerdo con la versión, formarían supuestamente parte de los detenidos.

Por otro lado, es importante destacar que las personas detenidas fueron ingresadas en los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero a partir de las 14:00 horas del día 12 de diciembre de 2011, cabe destacar que la única mujer que fue detenida fue ingresada a los separos con los jóvenes. Si bien cuando los organismos civiles de derechos humanos pudieron acceder a esas instalaciones alrededor de las 20:00 horas de la noche, los detenidos ya habían probado alimento y habían sido valorados por personal de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM), varios testimonios coincidieron en señalar que durante la detención fueron obligados a permanecer acostados boca abajo durante un tiempo considerable, en lo que sin duda pueda calificarse como tratos crueles. Adicionalmente, los detenidos fueron mantenidos incomunicados durante un tiempo significativo.

Debe destacarse que 23 de las 24 personas detenidas recuperaron su libertad al día siguiente de los hechos, el 13 de diciembre, alrededor de las 11.30 am, debido a que no habían elementos suficientes para su retención.

c) Violaciones graves a la integridad personal de al menos ocho personas detenidas y tres heridos de bala

Al realizar las entrevistas con los detenidos, los organismos de derechos humanos pudimos constatar que prácticamente todos los detenidos presentaban lesiones. Sin embargo, sobresalieron los casos de 8 de estudiantes de Ayotzinapa detenidos que a simple vista presentaron lesiones graves visibles, cuya naturaleza no puede explicarse a partir de las maniobras propias de la sujeción.

En este sentido, destaca por ejemplo el caso de un estudiante de Ayotzinapa que recibió varias patadas y golpes que le produjeron un hematoma de grandes proporciones en el ojo izquierdo, que ponen en riesgo la visión de este órgano. A simple vista, y después de las entrevistas con los detenidos, era evidente que las agresiones a los detenidos se centraron con mayor rigor a aquellos que era estudiantes de la Escuela Normal.

Por otro lado, también se documentaron graves violaciones a la integridad personal de otros tres estudiantes normalistas que presentaron heridas causadas por impactos de proyectil de arma de fuego, cuya vida se puso en riesgo innecesariamente mediante el empleo de dichas armas. El caso de la publicación en medios de la muerte de un estudiante más que habría sido gravemente herido, da fe de negligencia y poca sensibilidad de las autoridades estatales al limitar información, debido a que se informó que el joven había muerto en el hospital la noche del 12 de diciembre debido a la gravedad de sus lesiones, sin embargo, esta información no fue desmentida por las autoridades hasta por la tarde del día siguiente.

d) Obstaculización del derecho a una defensa adecuada a cargo de un abogado de confianza de las personas detenidas

La noche del 12 de diciembre de 2011, una comisión de abogados de los organismos de derechos humanos guerrerenses se apersonó en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero para asistir jurídicamente a las personas detenidas fungiendo como sus abogados.

Sin embargo, a pesar de que los propios detenidos requirieron la presencia de abogados de su confianza, personal de la Procuraduría obstaculizó a un grado extremo el ejercicio de esta elemental garantía judicial, orillando a los detenidos a que rindieran su declaración asesorados por defensores de oficio proporcionados por el propio gobierno estatal, cuya independencia e imparcialidad quedaba en entredicha dada la complejidad de la situación. Y si bien en último término fue posible asesorar técnicamente a la mayoría de los detenidos que rindieron su declaración ministerial durante la madrugada del 13 de diciembre de 2011, varios detenidos no pudieron ejercer su derecho a una defensa adecuada. Igualmente durante el desarrollo de la declaración de diversos estudiantes, pese a que estos se reservaron su derecho a declarar, fueron forzados a hacerlo mediante un interrogatorio constante y forzado.

Asimismo, es importante recalcar las acciones de hostigamiento por parte de agentes del Ministerio Público a los estudiantes de Ayotzinapa que se encuentran gravemente heridos en el hospital y a sus familiares. Los agentes del Ministerio Público en vez de llevar a cabo diligencias para poder definir quienes han sido sus agresores, han intentado tomarles sus declaraciones sin debida representación legal, además de intentar imponerles la realización de pruebas periciales inconducentes, como lo es la de radizonato de sodio.

e) Tortura de Gerardo Torres Pérez

La comisión de defensores de derechos humanos pudo constatar también que el joven Gerardo Torres Pérez, estudiante de Primer Año de la Normal Rural de Ayotzinapa, oriundo del puerto de Acapulco, fue víctima de tortura.

Tras los hechos, Gerardo recogió varios casquillos percutidos en el lugar de los hechos. Cuando los policías se percataron de esta situación, de inmediato se lo llevaron detenido y lo separaron del resto de las personas a quienes arbitrariamente se privó de su libertad.

De acuerdo con su testimonio, Gerardo fue amenazado, lo desnudaron, mojaron todo su cuerpo, y posteriormente lo golpearon en la espalda, costillas y cara, para que se auto-incriminara y aceptara haber estado en posesión de un arma de fuego; específicamente, para que acotara haber empleado un arma AK – 47 el día de los hechos. Para este fin, sus captores incluso lo trasladaron a Zumpango, al norte de la ciudad de Chilpancingo, donde le obligaron a disparar un arma para impregnar sus manos con pólvora.

Cabe señalar que esto ocurrió cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero ya había difundido la especie de que uno de los estudiantes había manipulado un arma de las llamas “cuerno de chivo” durante los hechos.
La comisión de abogados que asistió a los detenidos pudo constatar que en el caso particular de Gerardo Torres Pérez, la obstaculización del ejercicio de su derecho a la defensa fue especialmente grave pues en todo momento se le incomunicó y se le impidió recibir asesoría jurídica por parte de defensores particulares.

A la postre, Gerardo Torres Pérez fue retenido cuando el resto de las personas detenidas recuperaron su libertad. No obstante, por la tarde del día 13 de diciembre de 2011 alrededor de las 6.30 p.m, luego de que circularon rumores en el sentido de que sería puesto a disposición de la Procuraduría General de la República, recuperó su libertad bajo reservas de ley.

Con base en la información disponible, es posible afirmar que sin el fuerte impacto que las imágenes recopiladas por los medios de comunicación tuvieron en la opinión pública; sin la intervención de los organismos civiles de derechos humanos; y sin la movilización de los propios estudiantes de Ayotzinapa que se reagruparon tras lo ocurrido, Gerardo Torres Pérez habría sido incriminado falsamente en un claro uso desviado e ilegítimo del sistema de justicia penal destinado a encubrir la responsabilidad estatal ante los hechos.
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Considerando las violaciones a derechos humanos documentadas directamente por los organismos civiles y teniendo en cuenta la valiosa información generada por diversos medios de comunicación nacionales y estatales, es posible concluir que el 12 de diciembre de 2011 la respuesta centrada en el uso desproporcionado de la fuerza pública frente a una protesta social protagonizada por jóvenes estudiantes, por negligente e inadecuada, derivó en el empleo innecesario de la fuerza letal en contra de los normalistas de Ayotzinapa, en buena medida por la intervención en los hechos de elementos de la Policía Investigadora Ministerial, causando violaciones a derechos humanos que se prolongaron mientras estuvieron detenidos 24 manifestantes.

V. Consecuencias políticas de los hechos

La indignación pública que tanto a nivel nacional e internacional despertaron las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el fallido desalojo del bloqueo sostenido por los normalistas de Ayotzinapa, generó un cisma en el gabinete del Gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Inicialmente, el Gobierno estatal a través de la Procuraduría inició un errático intento de ocultar lo ocurrido, difundiendo información confusa y contradictoria. Pronto quedó en evidencia que la pretensión consistía en imputar a los propios estudiantes de Ayotzinapa responsabilidad por lo ocurrido.

No obstante, conforme comenzaron a conocerse los testimonios de las víctimas y la valiosa información generada por los medios de comunicación nacionales y estatales, no hubo manera de ocultar una deficiente participación de servidores públicos del Estado de Guerrero y de la Federación. Particularmente, quedó evidenciada la violenta intervención en los hechos de la Policía Investigadora Ministerial, a través de videos y placas fotográficas que claramente muestran a elementos de esta corporación haciendo uso de armas de fuego de alto alcance.

A causa de ello, la tarde del día 13 de diciembre de 2011 presentaron su renuncia tanto el Procurador de Justicia del Estado como el Secretario de Seguridad Pública como el Subsecretario de Prevención y Operación Policial.

El Gobernador del Estado, por su parte condenó lo ocurrido e insistió una y otras vez ante los medios de comunicación que su gobierno no tiene una vocación represiva, pese a que lo ocurrido el 12 de diciembre de 201 se erigía como la evidencia más contundente de la falta de solidez de este aserto.

Al momento de emitir el presente informe, los gobiernos federal y estatal se atribuyen mutuamente la responsabilidad por lo ocurrido. En tanto se verifica con base en evidencia científica el deslinde de responsabilidades, importa destacar que habiéndose cometido en los hechos graves violaciones a derechos humanos como lo son las dos ejecuciones extrajudiciales documentadas, la responsabilidad del Estado en su conjunto se encuentra comprometida.

Para las organizaciones civiles de derechos humanos, si bien es cierto que la renuncia de los servidores públicos de alto nivel del estado de Guerrero constituye un primer avance hacia la rendición de cuentas en tanto expresión de un mecanismo básico de asunción de responsabilidades políticas, lo ocurrido el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, exige un cabal esclarecimiento de los hechos; la sanción de los responsables; la reparación integral del daño; y la adopción de medidas de no repetición. Sólo alcanzando este escenario se podrá hablar de rendición de cuentas ante la gravedad de lo ocurrido.

VI. Conclusiones

En el fallido operativo del 12 de diciembre, no sólo no se “limpió” la carretera como, según el General Ramón Arriola, lo ordenó el Gobernador Ángel Aguirre Rivero, sino que sobre la Autopista del Sol ha quedado la mancha indeleble de una represión cruenta e irracional, que no debió haber ocurrido.

Para los organismos de derechos humanos que presentamos este informe preliminar, la gravedad de lo sucedido amerita de inmediato la adopción de las siguientes medidas:

1. Una investigación expedita, eficiente, independiente e imparcial respecto de la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis y Gabriel que esclarezca la verdad de los hechos y desemboque tanto en la sanción de los responsables materiales e intelectuales conforme a derecho, como en la reparación integral del daño. La muerte de los dos estudiantes no puede quedar impune.

2. Una investigación expedita, eficiente, independiente e imparcial respecto de la violación a los derechos de las 24 personas detenidas y especialmente respecto de la tortura inflingida a Gerardo Torres Pérez.

3. Un reconocimiento de responsabilidad por parte del Gobernador Ángel Aguirre Rivero, expresado mediante la petición de disculpas públicas a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y especialmente a las familias de Jorge Alexis y Gabriel.

4. Garantizar atención médica efectiva a quienes permanecen convalecientes por haber resultado lesionados.

5. La depuración inmediata de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, cuerpo que una vez más ha mostrado su absoluta carecía de capacidades operativas e incorporación de parámetros de respeto de derechos humanos para guiar su actuación.

6. La revisión del modelo de seguridad adoptado en el estado de Guerrero mediante el Operativo “Guerrero Seguro” para transitar hacia un modelo de seguridad ciudadana centrado en el respeto a los derechos humanos.

Atender los petitorios, también implicarían que las autoridades den respuesta a las preguntas formuladas por Amnistía Internacional que a letra establecen2:

> ¿Quién estaba al cargo del operativo?
> ¿Cuál fue la línea de mando?
> ¿Cuáles fueron los lineamientos de las policías estatales y federales acerca del uso de la fuerza, y en particular sobre el uso de sus armas?
> ¿Quién dio la orden de abrir fuego y con qué criterios?
> ¿Por qué individuos vestidos de civiles armados con fusiles automáticos, aparentemente miembros de la policía ministerial -una corporación investigativa – estaban presentes sin insignia alguna pero al parecer disparaban armas de alto calibre en dirección a los manifestantes?
> Los policiales federales que maltrataron a los manifestantes en el momento de su sometimiento así como los mandos que lo permitieron ¿han sido suspendidos mientras se deslindan responsabilidades?
> ¿Los policías rendirán cuentas por la supuesta coacción denunciada por al menos 10 detenidos contra Gerardo Torres Peña para accionar un arma sembrada y para auto incriminarse?

Los lamentables hechos acaecidos el 12 de diciembre en Chilpancingo no pueden repetirse. Es inadmisible que la interpelación de los ciudadanos a sus autoridades mediante la protesta social derive en la muerte de jóvenes que habían hecho de la docencia su vocación. En este sentido, la no repetición de lo ocurrido sólo ocurrirá en la medida en que las víctimas y la sociedad guerrerense en su conjunto constaten que los hechos no quedarán en la impunidad. Sólo si las violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, desembocan en un proceso de justicia ocupe el mismo lugar que en la memoria guerrerense tienen hechos aun impunes como las masacres de Aguas Blancas o El Charco.

1 El Sur, 13 de diciembre de 2011. “El gobernador me ordenó limpiar la carretera y la carretera está limpia”: Ramón Arriola, jefe del operativo. Nota de Zacarías Cervantes.

2 Versión disponible en inglés y español en: http://www.amnesty.org/en/news/mexico-urged-investigate-student-deaths-clash- police-2011-12-13.

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